“Estamos preparando un ajuste en el gasto político”, anunciaba a fines de 2019 el por entonces flamante jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, anticipando que la esperada moderación estatal incluiría una reducción del número de asesores y de la flota de autos oficiales, entre otras medidas. Pero hasta ahora, ni noticias del mentado ajuste, y eso que la pandemia de coronavirus sumergió a la Argentina en una crisis peor que la heredada por Alberto Fernández.
Aquel anticipo de Cafiero llegó luego de que en las redes sociales se criticara la declaración de un senador cordobés que, durante el tratamiento de la enésima ley de emergencia, no tuvo empacho en defender la falta de ajustes en el Estado y en la dirigencia política. “Hablar del esfuerzo de la clase política es no entender el Estado (...) La clase política no es la que hace el esfuerzo; la clase política dicta normas”, dijo Carlos Caserio.
Vale la pena recordar que la mencionada ley incluyó, entre otros puntos controvertidos, un fuerte aumento de la presión tributaria, a través de impuestos distorsivos; una devaluación encubierta, y el retorno de la discrecionalidad en los aumentos a los jubilados, que abrió las puertas a nuevos juicios contra el Estado nacional.
La administración del Frente de Todos justificó la nueva emergencia afirmando que los “ganadores” del programa económico que imperó durante los años del macrismo debían hacer un esfuerzo y realizar un aporte extra para que el Estado pueda compensar a los “perdedores”. De lo que nadie habló en ese momento, ni habla ahora que la situación empeoró por el azote sanitario, es de la contribución que está dispuesta a hacer la política.
Caserio terminó admitiendo lo desafortunado de su frase: “No fue con mala voluntad”, se disculpó, aunque a renglón seguido reconoció que seguía sin hablarse de la posibilidad de que el Poder Legislativo se sumara al esfuerzo que el nuevo Gobierno le empezó pidiendo al resto de los argentinos y las argentinas allá por diciembre del año pasado. En su opinión, no obstante, deberían congelarse “todos los sueldos” por encima de un determinado nivel de ingresos. Una velada referencia a los salarios de los legisladores. Sin embargo, nada de eso ocurrió hasta el momento, a pesar, incluso, de la debacle económica posterior.
Renunciar a nuevos aumentos o reducir el número de asesores y de vehículos disponibles para los funcionarios políticos son cuestiones tan mínimas como secundarias que han ensayado otras veces distintos gobiernos en diferentes jurisdicciones, siempre con resultados insustanciales.
Hace años que, ante cada plan de ajuste, para bien o para mal, son los jubilados, los docentes, los policías, entre otros trabajadores estatales, así como el sector privado, los que pagan la cuenta. La ineficiencia y la improductividad de la administración pública, mientras tanto, siguen como si nada.
Por si hiciese falta recordarlo, malgastar recursos públicos es extremadamente grave, en cualquier circunstancia. Más aun en una emergencia económica, social y sanitaria sin precedentes, como la que estamos atravesando.