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Embarazo adolescente



Hace algunas semanas, la organización Human Rights Watch (HRW) exhortó al presidente Alberto Fernández a que envíe el proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto al Congreso nacional. Esto debería motivar en la dirigencia política una discusión amplia acerca de otras problemáticas relacionadas con ese tema. Una de esas cuestiones es el embarazo adolescente, que fue definido como uno de los principales indicadores de un país que carece desde hace años de una cultura de cuidado hacia los sectores más vulnerables en general y las menores de edad en particular.

Datos oficiales muestran que en Argentina, durante los últimos años, la tasa de recién nacidos con madres que no superan los 14 años se ha mantenido prácticamente inalterable. De cada 292 nacimientos que se registran en nuestro país, uno tiene como madre a una niña que no supera los 14 años de edad, lo que equivale a un nacimiento cada cuatro horas. El dato se desprende de las últimas estadísticas de natalidad difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación.

En este marco, algunos especialistas en el tema señalaron que la problemática del embarazo infantil y adolescente merece ser ponderada como prioridad en materia de derechos humanos, y que debe reconocerse que es una cuestión pendiente que atraviesa transversalmente a los diferentes poderes del Estado, en todos sus niveles jurisdiccionales.

A su vez, la UNICEF remarcó que el 70% de los embarazos en adolescentes no son intencionales: ocurrieron durante una relación sexual sin protección anticonceptiva o por imposición.

Asimismo, según la mencionada organización internacional, se estima que debido a la pandemia, pueden incrementarse los embarazos no intencionales en la adolescencia, debido a que se intensifican las “brechas” existentes en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ocasionados por el cierre o discontinuidad de los servicios de salud, por equipos abocados a atender la pandemia y por el impacto en la capacidad de las personas para adquirir los métodos anticonceptivos en las Farmacias con recursos propios.

Por lo expuesto, se necesita que las autoridades y otros sectores sociales insistan en el fortalecimiento de las campañas de prevención del embarazo adolescente y en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, haciéndola abarcativa al conjunto de todo el sistema educativo, tanto de gestión pública como privada, y garantizando su continuidad para todos los alumnos y alumnas a través de medios virtuales.

Sumado a esto, es imprescindible que las niñas y adolescentes tengan garantizado el acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea “seguro, eficaz, asequible y aceptable”.

En síntesis, las menores de edad deben estar informadas y empoderadas para autoprotegerse, no sólo de las situaciones de abuso y de lo que implica el embarazo infantil y adolescente, sino también de las diferentes Enfermedades de Transmisión Sexual.



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