En un contexto de incertidumbre en lo concerniente al futuro de la educación en formato presencial y a lo que puede suceder con la economía y con los fondos que puede destinar el Estado a otras áreas a través del Presupuesto Nacional 2021, que debe ser debatido por el Congreso nacional, resulta importante tener en cuenta algunos datos referidos al financiamiento del sistema educativo argentino.
Algunos medios informativos recordaron que la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005, determinó que para el año 2010 la inversión en educación, ciencia y tecnología debía alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno. Al año siguiente, la Ley de Educación Nacional planteó que una vez alcanzada esa meta, el presupuesto que destina Nación sumado al que destinan las provincias exclusivamente a educación debían alcanzar ese piso del 6%.
Por otro lado, un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento muestra que el primer paso de incremento progresivo de la inversión, entre los años 2005 a 2010, fue logrado; mientras que la consolidación posterior del 6% exclusivamente para educación sólo se alcanzó en el año 2015.
Asimismo, desde la organización se indicó que la meta de inversión educativa no se cumple por la restricción de fondos que generan las crisis económicas y porque la lógica de asignar recursos entre Nación y provincias se encuentra en una tensión que aún no fue resuelta.
También se considera que la Nación dispone de mayores recursos, y “flexibles”, para políticas educativas no salariales, mientras que las provincias tienen “inflexibles” sus presupuestos por la alta concentración salarial.
En este sentido, el CIPPEC precisó que durante los últimos 15 años, los recursos presupuestarios se ejecutaron de la siguiente manera: el 79% del presupuesto que el Estado nacional destinó a educación se reservó al pago de salarios (62% universitarios y 17% básicos), un 5% se destinó a infraestructura y un 16% fue dirigido a programas educativos nacionales destinados a todas las Jurisdicciones.
Por ello, se expuso que la principal consecuencia de que Nación no intervenga con mayores políticas educativas es la reproducción de las desigualdades entre las provincias y hacia el interior de esos Distritos.
Sumado a esto, hay que considerar que a partir de ahora, el sistema educativo argentino requerirá una importante inversión extra, que por el momento se desconoce a qué nivel podría llegar, para cubrir todos aquellos gastos relacionados con la provisión de infraestructura, elementos y capacitaciones tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de los Protocolos sanitarios relacionados con prevenir la expansión del COVID-19.
Por lo expuesto, resulta fundamental que en los ámbitos legislativos y en otros espacios se generen aquellas discusiones que permitan incluir normativas tendientes a asegurar el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional y, al mismo tiempo, cubrir todas aquellas erogaciones que no eran necesarias en otras épocas, y que hoy son indispensables para evitar que la emergencia sanitaria genere consecuencias mayores a las registradas hasta este momento.