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Coparticipaciones


El nivel de conflictividad que se observa en la actualidad entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ejecutivo nacional por la decisión de quitar por Decreto un punto de coparticipación a la CABA, lo cual implica que unos $ 30.000 millones serán transferidos a la Provincia de Buenos Aires, es una muestra más de la necesidad de debatir de manera seria y profunda una nueva ley de Coparticipación Federal, que ponga fin a numerosas inequidades.

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino informó que la medida fue planteada como una corrección de un Decreto de 2016 a través del cual se aumentó el índice de coparticipación de CABA en compensación por la transferencia de la Policía de la Ciudad; y recordó que ahora, se dispuso que la mitad de esa asignación la deje de percibir la Capital Federal y la pase a recibir la Provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que desde el punto de vista del interior, sigue siendo una reasignación de recursos nacionales a favor de la región metropolitana. No hay una mejora para la situación de diversas Jurisdicciones.

Por otra parte, el IDESA precisó que según datos del Ministerio de Economía del 2019, el Estado nacional le quitó a la CABA el equivalente a 0,1% del Producto Bruto Interno; la CABA quedará recibiendo vía coparticipación el equivalente a 0,3% del PBI; y la Nación gasta en la CABA el equivalente al 4,4% del PBI.

Por lo expuesto, el Instituto señaló que se le quita a la CABA una parte de lo que recibe por coparticipación, pero se mantiene todo el gasto público que se financia con recursos nacionales abonados por todos los habitantes del país, en beneficio de la Capital Federal. Esto incluye los gastos de la burocracia nacional asentada en Capital, los subsidios a los servicios públicos -como luz, agua, gas y transporte- y el servicio de justicia. Estas erogaciones, que benefician a quienes viven en la CABA, equivalen a 40 veces lo que le quitan de coparticipación.

Por ello, algunos economistas plantean que uno de los principales problemas en lo concerniente al reparto de recursos a la CABA por parte de Nación es que las funciones estatales más importantes están a cargo de las provincias (como educación, salud pública, seguridad y justicia), pero ellas reciben de manera automática solo el 40% del total de la recaudación, excluyendo la seguridad social. Esto genera un exceso de financiamiento a nivel nacional en favor de la CABA.

Entonces, se necesita que las autoridades propongan discutir un nuevo marco normativo para la determinación de todas las coparticipaciones, que deben ser razonables y no tienen que fomentar la enemistad entre distintas Jurisdicciones.

Algunos profesionales sugieren que se inicie un proceso que permita dar por finalizado el sistema de Coparticipación Federal y comenzar una etapa que facilite a cada provincia recuperar potestades de recaudación para autofinanciarse. No obstante, todas las opciones deben ser planteadas y debatidas, en un marco de respeto y con ánimo constructivo.

Lo que debería ser contemplado por la dirigencia política, e implementado lo antes posible, es la sanción de una ley que permita crear un fondo de convergencia transitorio para acelerar el desarrollo de las provincias del Norte, que presentan numerosos requerimientos en materia de infraestructura y en otros aspectos. Es una de las diversas opciones que permitirá iniciar un camino de mayor equidad.



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