En un escenario de pandemia, recesión económica y endeudamiento de empresas y familias, se vuelve necesario que el Ejecutivo nacional y diversos referentes de la actividad productiva y del sector financiero acuerden más y mejores medidas de generación de empleo y de inclusión financiera, para lograr que todos aquellos grupos sociales seriamente perjudicados por los efectos de la cuarentena puedan encontrar un camino de estabilización y recuperación económica.

Algunos analistas recordaron que la inclusión financiera se logra con un conjunto de medidas que apunten a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas mediante la ampliación en el acceso de productos y servicios financieros a personas sin relación bancaria y la alfabetización financiera y tecnológica.

En el mundo, unos 2.500 millones de adultos están por fuera del sistema financiero, por lo cual el 40% de la población mundial no cuenta con algún producto financiero, según el Banco Mundial; y en Latinoamérica ese porcentaje asciende al 61%. De acuerdo al BM, el 75% de las personas de clase socioeconómica baja no están bancarizadas; y se apela a la inclusión como medida clave para reducir la pobreza, aumentar la prosperidad y hacer frente a la crisis actual.

Por otra parte, se evalúa que el COVID-19 puso de manifiesto la importancia de democratizar el proceso de inclusión financiera para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder y hacer uso de servicios financieros de la manera más sencilla posible.

También la coyuntura que se transita hoy obligó a potenciar los medios electrónicos de pago y desalentar el uso del efectivo, situaciones que para ser viables en el tiempo requieren una aceleración del proceso de democratización de inclusión financiera en la Argentina y en otros países que aún tienen sectores excluidos de diversas herramientas relacionadas con las finanzas.

En este marco, algunos profesionales proponen varias metas a ser alcanzadas a través de diferentes políticas públicas. Una de ellas es el acceso amplio a créditos a tasas reducidas, que apunten a lograr el desendeudamiento de numerosas familias y también a fomentar el consumo de diferentes bienes y servicios, para así reactivar la economía interna.

No obstante, numerosos especialistas vienen señalando que el mayor obstáculo en la Argentina y en un mundo en emergencia es la falta de oportunidades para acceder a una vida digna, debido a que sin empleo ni ingresos económicos, no hay capacidad de pago de los bienes y servicios esenciales ni posibilidad de ahorro para afrontar el abono de deudas.

En síntesis, las políticas públicas de inclusión financiera son eficaces cuando se complementan con políticas sociales de empleo y fiscales, como reducciones de costos laborales y disminución de cargas impositivas para sectores de menor capacidad de pago. Por ello, resulta fundamental que aquellas personas que ocupan cargos en los niveles Ejecutivo y Legislativo y otros sectores trabajen en conjunto y con seriedad para dejar de lado diferencias partidarias o personales y lograr que más personas tengan acceso a empleo formal, ingresos dignos y herramientas que permitan el desendeudamiento en el mediano y largo plazo.