Varias policías provinciales vuelven a estar en el ojo de la tormenta por excesos de algunos efectivos en el cumplimiento de su deber. El abuso de la fuerza, el “gatillo fácil” y los apremios ilegales son parte de la pesada mochila que cargan instituciones a las que les cuesta una enormidad abandonar prácticas que fueron comunes durante la última dictadura militar.
A la luz de estos hechos, y del aumento de la inseguridad en la actual crisis sanitaria, económica y social, cabe preguntarse si la solución a los problemas que plantea una delincuencia cada vez más difundida y violenta pasa simplemente por poner más policías en las calles.
Cada tanto, las autoridades presentan en pomposos actos públicos la incorporación de nuevos numerarios a las filas policiales. Algunas, incluso, suelen jactarse de haber alcanzado, en su provincia, “el número recomendado de policías según población”. Como si ponerse en línea con los estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana fuera un asunto meramente cuantitativo.
Según la Organización de las Naciones Unidas, un piso razonable para medir la relación policías/habitantes es de 280 uniformados cada cien mil vecinos. Algunas provincias argentinas superan esa meta, aunque eso no implica que sean más seguras; al contrario, alguna, pese a contar con un número por encima de los parámetros mundiales, siguen naufragando a la hora de combatir el delito.
Lo peor, empero, es que no pocas fuerzas policiales de nuestro país esconden elementos mal formados, impropios de una democracia. Los últimos casos que han tomado estado público en distintas provincias hablan de efectivos que continúan aplicando métodos reñidos con las más elementales garantías constitucionales que brinda el estado de derecho.
Es cierto, la cantidad de policías por cada cien mil habitantes propuesta por la ONU es para países del Primer Mundo, donde las tasas de criminalidad y de empleo, además de la conflictividad social, son muy distintas de las de los países no desarrollados. Por ello, algunas jurisdicciones deciden ir ajustando esos números a estadísticas propias, más acordes con la grave problemática de la inseguridad actual. Una bomba socioeconómica que siempre repercute en las múltiples formas de violencia y corrupción.
Ahora bien, por más que expertos en el tema estén advirtiendo que “la cosa se pondrá peor” por el agravamiento de la crisis social, cabe preguntarse si lo importante son los números solamente. ¿Más policías es igual a una mejor Policía? La realidad nos dice que no.
Además, siempre que se analiza esta cuestión aparece el verdadero interrogante de fondo: la capacitación de los nuevos policías. ¿Qué modelo de fuerzas de seguridad se está forjando? ¿En qué contexto socioeconómico se desarrollan a diario los agentes que se van incorporando? ¿Qué relación tienen estos efectivos con el delito? ¿Cuántos de ellos aún son parte del problema?
Si no se mejora desde lo cualitativo el recurso humano de todas las instituciones policiales, difícilmente la seguridad en la Argentina logrará alcanzar los estándares internacionales.