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Derecho colectivo


El COVID-19 y sus enfermedades asociadas están sobreexigiendo las estructuras sanitarias en todo el mundo. Han existido y existen aun graves problemas en algunas naciones europeas; sin embargo, la situación más delicada se vive actualmente en América, con Estados Unidos a la cabeza, Brasil detrás, y otros países visiblemente afectados como México, Perú, Chile, Venezuela… y la propia Argentina.

En este contexto dramático aparecen, una vez más, las dificultades de las poblaciones más carenciadas de nuestro continente para acceder a los remedios básicos necesarios para paliar no sólo los efectos del coronavirus sino además los de aquellos males considerados estacionales o vinculados con la temible pandemia.

Debe hacerse notar, en este sentido, que la atención de la salud de la población es un derecho humano irrenunciable, aun en situaciones de crisis como la que vive la Argentina por estos tiempos de registros negativos en casi todos los indicadores de su economía. Por cierto, en ese derecho básico se inscribe la factibilidad de acceso a los medicamentos que se recetan para el tratamiento de enfermedades de diversa naturaleza.

Sin embargo, la escalada descomunal en los precios en los últimos años ha motivado, incluso, que mucha gente redujera las dosis indicadas o las eliminara del tratamiento. A lo que debemos sumar el impacto de la recesión provocada por la paralización de numerosas actividades económicas en los últimos meses.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no deja de dar malas noticias con el costo de vida. Y es en las propias estadísticas oficiales donde se puede apreciar que el rubro medicamentos suele verificar subas muy por encima de la inflación promedio, con saltos interanuales, hasta no hace mucho, de más del ciento por ciento.

Estos aumentos, que por supuesto también se dan en Formosa, producen un descalabro tarifario que impacta con mayor vehemencia en la canasta de los grupos más vulnerables, entre ellos los jubilados con ingresos módicos, aquellos que no tienen obra social y desocupados en general. Inclusive, muchas veces los indicadores oficiales quedan desactualizados respecto de las subas constantes que operan algunos laboratorios y que se reflejan mes a mes en lo que se paga en las farmacias.

De esta forma, en medio de una economía inestable y castigada como nunca por la emergencia sanitaria, se llega al límite de que mucha gente se ve obligada a prescindir de remedios impagables y en algunos casos prescriptos de por vida.

En dolencias de cierta gravedad hoy ya no está habiendo medicamentos accesibles al bolsillo de muchos pacientes. Si no se toman las medidas pertinentes, el problema se puede profundizar, en función de que las grandes obras sociales de gestión estatal no han quedado indemnes de una crisis severa que golpea en los presupuestos destinados a la atención sanitaria tanto a nivel nacional como provincial.

Sin dejar de reconocer los enormes esfuerzos que se realizan desde el Estado en la lucha contra el coronavirus, es tiempo de moldear propuestas en resguardo del derecho colectivo a la salud.



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