El defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, diferenció los desalojos que trascendieron en los últimos días, el de la familia de La Nueva Formosa y la mujer del barrio San Pedro, afirmando que sólo en el segundo puede aplicarse el DNU del Presidente que impide ejecutar este tipo de medidas.
En declaraciones a La Mañana, dijo que en la situación de La Nueva Formosa no se puede remitir a esta decisión de Nación porque se produjo una irregularidad en la compra de la vivienda. Como la persona desalojada en este caso apuntó contra un funcionario del IPV como vendedor de la casa, la Defensoría pidió no sólo el sumario administrativo sino la separación del cargo de este hombre y las investigaciones correspondientes para “deslindar responsabilidades”.
Sin embargo, agregó que en el caso de la mujer con tres hijos que durmió a la intemperie en el barrio Guadalupe tras ser desalojada en el San Pedro sí se violó el Decreto nacional, porque “tiene el objetivo de resguardar la vivienda frente a la problemática económica que tiene la mayor parte de la población que no tiene un ingreso seguro”.
“Esta persona lleva meses sin pagar el alquiler y el propietario, de manera violenta y de hecho, porque no tiene una orden judicial, la ha desalojado”, resumió.
La Defensoría tomó contacto con esta madre este jueves a la mañana y dio intervención a la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Gialluca contó que la mujer y sus hijos ahora viven actualmente en el mismo barrio, pero en la casa de su madre, donde habitan cinco hermanos más.
También dio a conocer que ella había sido beneficiada con un módulo en 2013, en el Bº El Porvenir, y “tuvo que venderlo, ya que en ese momento su pareja se lo exigió”. Ante esto, el organismo pidió la urgente intervención al Ministerio de la Comunidad con el Programa Mejor Calidad de Vida, para obtener alguna solución habitacional.
González
Durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, La Mañana y otra periodista consultaron al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, sobre el desalojo de La Nueva Formosa. Primero, el ministro se negó a hablar pero ante la insistencia de la prensa, expresó que se trata de una situación “irregular”.
“Todos sabemos que la normativa impide la venta y la compra de un inmueble del FoNaVi. Se inició una causa administrativa al igual que muchas otras que realiza el IPV. El 28 de marzo de 2020 se realizó una visita de constatación del inmueble y se le informó a la persona sobre el carácter irregular de su ubicación allí”, explicó.
Agregó que el 17 de junio el IPV intimó a la familia para que se retiren de forma voluntaria. “Imagino que estas personas deben haber planteado un recurso”, agregó. El 6 de julio fueron notificados de la desafectación y luego fueron desalojados.
“Esto no es un caso al cual se le pueda aplicar el Decreto de Necesidad y Urgencia, por lo tanto no hay ninguna violación. Paralelamente, como esta familia denuncia que estaría involucrado un funcionario del IPV, se labró el acta y el ingeniero (Marcelo) Ugelli dio inicio al sumario administrativo”, concluyó.