Hace poco menos de un año, cuando la reforma judicial era una promesa de campaña del entonces candidato presidencial del Frente de Todos y la pobreza crecía en la Argentina -aunque no al ritmo que lo hace hoy por la parálisis económica mundial que produjo la pandemia de coronavirus-, la Corte Suprema de Justicia avaló el reclamo de un grupo de gobernadores por el impacto en la coparticipación de medidas fiscales del gobierno de Cambiemos.
Aquel sonado fallo volvió a poner en foco la incidencia que tiene la carga fiscal consolidada, en particular en los alimentos. La conclusión fue que, después de cuatro años, consenso fiscal mediante, el peso de los impuestos, por lo menos en ese segmento, seguía siendo prácticamente el mismo.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) concluyó en 2015 que la participación de la totalidad de los tributos en el valor final de los alimentos, en promedio para todo el país, llegaba a 44,1 por ciento. La misma metodología, aplicada con los precios vigentes hace un año, arrojó una incidencia promedio nacional de 42,3 por ciento. Esa leve mejora de apenas 1,8 por ciento terminó siendo una breve anécdota, pues sucumbió al poco tiempo frente al aumento de la inflación, combinado con pérdidas reales de poder adquisitivo en los hogares.
Es importante examinar, sobre todo en momentos en que la pobreza se dispara nuevamente, la carga fiscal que tienen los alimentos en nuestro país, en especial los más sensibles en la canasta básica. En el paquete hay de todo, empezando por el IVA, que al final del camino equivale a casi la mitad de la incidencia impositiva total. Pero a éste hay que agregar tributos que se ven y los que no se ven, los que pagan las empresas y los que se aplican a los consumidores, los que afrontan los productores y los que abonan los comerciantes.
Por otra parte, están aquellos que se aplican sobre las ganancias, los que gravan la facturación neta o los que se cargan sobre el salario. Todos, de un modo u otro, terminan engrosando el precio al final de la cadena para el que consume el producto o servicio, en un contexto de necesidades fiscales como el actual que, una vez más, aleja las chances de un alivio tributario sostenible a corto plazo.
La carga impositiva es uno de los elementos que más peso tienen en el precio final de cualquier producto. Por esta razón, cualquier medida que tienda a reducir los impuestos tiene un impacto directo en lo que paga el usuario o el consumidor final en la caja de un supermercado o de un comercio de barrio.
El apremiante cuadro social que dejará la emergencia sanitaria no podrá ser atenuado con paliativos económicos solamente, por más “generoso” que decida ser el Estado a la hora de instrumentar futuras asistencias a los sectores más vulnerables. Para no cambiar simplemente de formas e intentar ir al fondo de la cuestión, sería interesante probar con la reducción -o eliminación lisa y llana- de alícuotas a determinados productos básicos, por un tiempo aunque más no sea. Quizá ello pueda contribuir a morigerar el rebrote inflacionario que se pronostica y le dé un respiro a tantos bolsillos desfallecientes.