El reconocido abogado constitucionalista Guillermo Evans, plantó bandera en contra del proyecto de Reforma Judicial que impulsa el Gobierno nacional. Argumentó que no es el momento, criticó la Comisión Beraldi y aseveró que reordenar el sistema en medio de la pandemia “sólo esconde una búsqueda de impunidad en casos de corrupción”. Y explicó por qué es preocupante el poder que adquirirán los fiscales en detrimento de los jueces.

En comunicación telefónica con la mesa periodística de La Mañana en Vivo, Evans fue categórico al expresar su rechazo al proyecto de reforma judicial que ayer el presidente Alberto Fernández presentó en conferencia de prensa: “Cuando se persiguen fines subalternos y se los disimulan como un Gran Proyecto, es realmente para preocuparse.

Principalmente, cuando se encubre una búsqueda de impunidad con el reordenamiento del sistema, corriendo jueces naturales e imponiendo el funcionamiento de juzgados subrogantes, dentro de un proceso de selección a cargo de una Comisión (Berlaldi) que de ante manos, ya te dice de qué color es el caballo blanco de San Martín, porque la encabeza el abogado de la vicepresidente, Cristina Fernández”, mencionó.

Para Evans, la Comisión Beraldi ( asesora para la reforma de los tribunales) tendrá una opinión mayoritaria en sus miembros a favor del Gobierno, y funcionará como aprobación para que se amplíe la Corte a través de la división de salas: “Tener más integrantes, y nuevos, sólo es para manejarla.

En este esquema los jueces subrogantes no tendrán estabilidad y menos aún independencia. No pasarán por el Consejo de la Magistratura como marca la Constitución del 94. Serán magistrados puestos a dedos y que podrán resolver situaciones o procesos judiciales sobre temas de corrupción, que es lo que más preocupa hoy a la clase política”, refirió.

De aprobarse el proyecto como impulsa el Gobierno, aseguró que los jueces “no darán garantías de independencia en juicios relacionados a corrupción y que tienen como involucrados a dirigentes nacionales: “Cómo podrán juzgar a alguien del gobierno si su futuro depende de la acusación que haga”, remarcó.

También, entendió que no es el momento de imponer una reforma de la justicia cuando la emergencia sanitaria pide prioridad en la gestión estatal y atención máxima de la clase política. “El país está fundido y estamos hablando de reordenar un sistema que necesita consenso mayoritario. Es evidente que la política está preocupada sólo por su propia impunidad, en saltear una cuarentena y una pandemia que todavía no se la dominó”, sostuvo.

Por último, el constitucionalista anticipó que con la Reforma se generará un esquema judicial con jueces débiles y fiscales fuertes, principalmente con el nuevo código de procedimiento penal: “No es un detalle menor, cuando un fiscal no acusa o no apela, puede sellar la suerte de una causa penal. El juez en este caso no tiene mucho margen de maniobra”, cerró.