La presencia de numeroso personal femenino en los controles policiales que se realizan en Formosa con motivo del coronavirus es una muestra del avance relevante que ha tenido en los últimos años la incorporación de las mujeres a distintos ámbitos de gestión en la actividad pública, donde no solamente las fuerzas de seguridad son prueba de ello. El sector privado, por su parte, evidencia señales positivas en igual sentido.

No son hechos casuales. Este progreso social obedece en gran medida a la lucha incansable de miles de mujeres en favor del respeto irrenunciable a la paridad de género. Sin embargo, a la luz de de estadísticas de distinto origen en nuestro país, resta mucho para que esa inserción termine por romper de una vez los viejos moldes de la preeminencia del hombre en el acceso al poder.

Hace ya varios años que en la órbita legislativa, luego de encendidos debates y de no pocos reparos, se logró que el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes sancionaran leyes de cupo femenino, que ampliaron la representación de las mujeres en las listas de candidatos/as. Las primeras normativas, valga la aclaración, no fueron del todo generosas: establecían que las listas tenían que reservar un 35 por ciento de lugares para ellas, o sea, apenas por encima de un tercio.

No conformes, las mujeres siguieron luchando por la igualdad total de género. Así lograron que muchas de aquellas disposiciones se fueran ajustando a los nuevos consensos y a los principios de paridad. Esto permitió que las nóminas de aspirantes a cargos electivos pasaran a tener una rigurosa equivalencia. En la actualidad, gracias a ello, la representación femenina subió del 35 al 50 por ciento.

No obstante, el anhelado equilibrio continúa siendo una aspiración en distintos segmentos jerárquicos de las áreas de la administración estatal, y también a nivel privado. Un atraso que en mayor o menor medida se refleja tanto en el orden nacional como en las provincias y municipios de todo el país.

Por poner un ejemplo cercano, son todos hombres los integrantes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que se sientan cada mediodía frente a la prensa a dar las novedades de la pandemia en Formosa.

Si se repasan las administraciones comunales en la Provincia se podrá advertir que una mínima parte tiene a una mujer como intendenta; mientras que fuera del alcance municipal se observa una mayoría de ministros en el Poder Ejecutivo, y todos hombres, también, en los más altos cargos de la Cámara de Diputados y en el Superior Tribunal de Justicia.

Por ende, es cierto que se vienen dando avances importantes en materia de igualdad de género en niveles intermedios de la administración pública, como así en el sector privado en general; pero es innegable que las mujeres siguen relegadas a la hora de definir puestos estratégicos de conducción, en ambas esferas.