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El hambre no espera


A menos de un año de haber sido aprobada la prórroga de la emergencia alimentaria nacional, la iniciativa encuentra serias dificultades para cumplir sus objetivos.

Hacia fines de 2019, esto es antes de la pandemia de coronavirus, la cuarentena y el agravamiento de la crisis socioeconómica, ya algunos dudaban de su alcance. Si bien era demasiado reciente como para prever sus efectos en los sectores sociales a los que estaba destinada, surgían interrogantes tales como: ¿servirá para paliar el hambre y la mala alimentación? ¿Será un instrumento que dinamice la ayuda a quienes más lo necesitan?

La decisión de prorrogar dicha emergencia fue, por lo pronto, una buena señal de que, incluso en medio de la crisis económica que ya había estallado, y del proceso electoral que culminó con el cambio de gobierno en el orden nacional, era posible lograr consensos básicos entre el oficialismo y la oposición.

La ley prometía dar respuestas más rápidas al drama del hambre, ya que habilitaba al PEN a agilizar los procesos administrativos y cambiar el destino de dineros públicos del Presupuesto, específicamente sobre programas alimentarios y nutricionales que maneja el Ministerio de Desarrollo Social.

Aparte de estirar la emergencia alimentaria hasta diciembre de 2022, establecía un aumento mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias ejecutadas para políticas alimentarias en 2019. En concreto, se trataba de una suma extra de entre ocho mil y 10 mil millones de pesos que no implicaba un gasto adicional para el Estado -siempre pensando en no incrementar el déficit-, pues se trataba de dineros que el Gobierno podía tomar de otras partidas ya previstas en el Presupuesto y que todavía no habían sido ejecutadas.

Es cierto que en un primer momento varios referentes del Gobierno nacional de entonces e incluso el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, se mostraron renuentes a admitir la necesidad de aquella declaración. Sin embargo, a la hora de los votos en el Congreso y ante la presión de las organizaciones sociales en las calles, una abrumadora mayoría de legisladores decidió que sería una señal positiva de cara a la sociedad. La misma Casa Rosada terminó acompañando la iniciativa, de modo que si ésta tenía un supuesto componente de especulación electoral de parte de quienes la impulsaban -entre ellos, dirigentes sociales-, ese elemento cuestionable quedó disuelto en el acuerdo parlamentario.

Empero, la esperanza de atacar con armas más eficaces la mala alimentación de millones de argentinos chocó de pronto con una crisis sanitaria mundial que derivó en una catástrofe económica y social para muchos países, empezando por el nuestro, que ya venía golpeado.

Sería pecar de ingenuidad suponer que el contenido de aquella ley alcanza hoy para atender el crecimiento de las necesidades alimentarias en la Argentina. Es de esperar que la clase política esté a la altura de las circunstancias y en los próximos meses haga todo lo que tenga que hacer para calmar las penurias más acuciantes. La pobreza y el hambre son realidades y no simples consignas.



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