El arquitecto Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, negó la posibilidad de escasez de productos en la provincia por la aplicación de las medidas sanitarias, al señalar que “no existe desabastecimiento ni en la Argentina ni en Formosa”.

“Estamos corroborando en las fiscalizaciones diarias en los comercios, distribuidoras y mayoristas, no solo se controla la mercadería a la venta sino también en depósito: hay absoluta normalidad”, explicó.

Dijo que es normal el ingreso de camiones de mercaderías y ello puede palparse en los controles que realiza la provincia en el ingreso, por los cuales se conoce “a dónde va, qué volumen se ingresa, los destinatarios de esos productos y hacer un control más fino de cada lugar”.

Señaló el funcionario que a ello se suma la aplicación de las políticas de Estado de hoy, como por ejemplo la vigencia de los Precios Máximos, que beneficia a todos los argentinos, y en particular a los formoseños, con más de 1.200 productos que están en góndola y que “permiten tener un precio máximo de referencia de productos esenciales, vigentes hasta el 30 de agosto”.

“En Formosa no hay faltante de productos, estamos en contacto con las localidades del interior, tampoco allí; el control de los distintos puntos de ingreso a la provincia lo demuestra, nos permite tener un seguimiento más cercano de lo que es el abastecimiento, tampoco hay riesgo de desabastecimiento”, recalcó el titular de Defensa al Consumidor.

Audiencias

En otro orden, confirmó Pérez que desde el 2 de julio retomaron las audiencias de conciliación por las denuncias efectuadas ante el organismo, que habían sido suspendidas por la pandemia.

Las audiencias, con un protocolo autorizado por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, involucran a un funcionario de la subsecretaría, un abogado, el denunciante y el denunciado, en “un ámbito administrativo para resolver en esta audiencia la forma más conveniente para zanjar esta denuncia”.

Por día, se llevan adelante ocho audiencias, que ya permitieron resolver denuncias. Asimismo, ya fue aprobado el protocolo para realizar audiencias mediante videoconferencia para aquellas personas que son consideradas de riesgo o viven alejadas de la capital.