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Interés colectivo


El coronavirus está poniendo a dura prueba la capacidad de la ciencia médica, que a pasos acelerados busca una vacuna capaz de frenar la pandemia de COVID-19. Entretanto, el temor, el deseo de llevarse antes que otro los laureles, la ambición de algún laboratorio y la irresponsabilidad de quienes experimentan fármacos cuya eficacia no está demostrada todavía vuelven a movilizar la autoprescripción, la automedicación y el consumo de sustancias no autorizadas.

Debe recordarse, a propósito de ello, que todas las medidas necesarias para prevenir una enfermedad o disminuir su impacto deben ser asumidas por la sociedad de manera consecuente y respetuosa. Es importante que las prácticas que permitan mejorar o mantener la calidad de vida sean incorporadas como hábitos. Ese es el desafío. Pero no es el único.

Otro objetivo, puesto en su lugar con la aparición del SARS-Cov-2, es que, al momento de adoptar hábitos saludables, nos informemos y actuemos de manera comprometida y sensible. Y, si debatimos en algún momento, nos nutramos no sólo de opiniones propias, sino, sobre todo, de aquellas emitidas por los expertos, que son las más sólidas. Por lo pronto, ninguna persona en materia sanitaria debería discutir o poner en tela de juicio una cuarentena aconsejada por gente que realmente está en el tema, como los especialistas que vienen asesorando tanto a las autoridades nacionales como a las provinciales desde hace cuatro meses.

Si asumimos la prevención como una responsabilidad colectiva, debemos pensar que redunda en beneficios sostenibles y sociales. Si se dispuso oportunamente el Aislamiento Preventivo y Obligatorio en todo el país no fue por capricho, fue porque un grupo destacado de infectólogos y epidemiólogos consideró que era lo más conveniente. La decisión se tomó no sólo por los sectores de la población en riesgo, sino por el bien de la sociedad toda.

Nadie quiso esta pandemia. No obstante, sigue habiendo distintas reacciones frente a ella. Una, quizá la más polémica, tiene que ver con la actitud de aquellos gobiernos que dudaron o no llevaron a cabo una cuarentena rígida desde el principio y pagaron o están pagando las consecuencias de esa desidia inicial; otra, con líderes mundiales que, a pesar de haber terminado ellos mismos infectados o tener numerosos contagios cercanos, no dejan de minimizar la gravedad de la emergencia y se atreven a promocionar públicamente medicamentos no aprobados aun para COVID-19.

Cerrar las fronteras entre naciones y los límites interprovinciales, modificar la rutina natural, introducir cambios traumáticos en el espacio social, son medidas de prevención de enfermedades excepcionales que sólo pueden ser indicadas por profesionales de la salud especializados. En este contexto, no deben permitirse inconductas que puedan poner en riesgo a una comunidad. Tampoco, manejos irresponsables con medicamentos. Así como el empoderamiento de los pacientes no implica que definan su propio tratamiento, el reconocimiento de ningún derecho es sinónimo del diseño de protocolos o de políticas de salud particulares.



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