Toda crisis representa una oportunidad, aún las derivadas de catástrofes sanitarias como la que sacude al mundo hoy. Muchos países, incluidos los más desarrollados, seguramente se plantearán cambios en distintas áreas una vez que la pandemia de COVID-19 afloje las actuales tensiones. Y la Argentina no debería faltar en esa lista.
Las democracias de mercado constituyen el modelo de poder dominante en este siglo. En un equilibrio inestable entre Estado de derecho y libertad económica, la ley de la democracia es la encargada de controlar los abusos de los mercados. Pero para que ello ocurra con normalidad y sin sobresaltos, es necesario a su vez que exista una sociedad con fuertes compromisos con la ley y con las instituciones democráticas.
Con excepciones que ni vale la pena mencionar, este esquema -Estados de derecho basados en el voto popular, mercados libres respetuosos de la ley y sociedades comprometidas con la democracia- funciona en casi todo el mundo. Con altibajos según el país, y con más pena que gloria en la Argentina.
Después de un siglo marcado por golpes cívico-militares al orden constitucional, nuestro país lleva casi cuatro décadas de democracia ininterrumpida. Sin embargo, ese modelo nunca ha funcionado bien. Quizá porque el poder democrático argentino no termina de definir de manera correcta su relación con el poder económico y oscila continuamente entre limitar o controlar las libertades económicas de los mercados o bien darles un margen de decisión descontrolado. Incluso dirigentes de idéntica extracción ideológica han ido de un lado a otro en los últimos 30 años, privatizando en los 90, re-estatizando luego.
En este contexto, los resultados electorales suelen generar expectativas mayúsculas -por lo general rápidamente frustradas- o pánico económico; un extraño comportamiento argentino este último cuya explicación podría encontrarse en los frágiles compromisos que tiene nuestra propia sociedad con la democracia.
Es que gran parte de la ciudadanía tiende a considerar que la democracia es sólo un sistema de elección de gobernantes por gobernados mediante el voto popular. Cuando la democracia es, en esencia, un sistema de valores que consiste en respetar al que piensa diferente.
Se trata de una matriz cultural débilmente democrática, a pesar de los 37 años transcurridos desde 1983. La grieta que hoy vuelve a aflorar con lo peor de su “esplendor”, tras la tregua piadosa que impuso el coronavirus entre marzo y junio, es una muestra cabal de esa cultura democrática sin consolidar.
Así las cosas, con el “gen” autoritario todavía vivo en una sociedad que avaló todos los golpes de Estado del siglo XX sin importar el signo del partido político en el poder, los últimos gobiernos argentinos vienen emergiendo repetidamente del voto castigo. Y el castigo nunca será una buena señal democrática, y menos aún de paz social.
Es tiempo de repensar nuestro compromiso democrático como sociedad. De acordar en lugar de luchar. Y para ello, lo primero es recuperar confianza social en la ley y en la justicia, sin lo cual ningún modelo económico funciona.