Aun en medio de la cuarentena y los cuidados extremos que demanda una pandemia como la de coronavirus, la sociedad argentina no deja de sufrir el flagelo de la violencia, cuyo principal signo es un desprecio por la vida que abruma.

El fenómeno se verifica a diario de diferentes maneras. Desde conductores que aceleran sus vehículos sin mediar las consecuencias, pensando que no les va a pasar nada porque hay menos gente circulando por las calles, hasta los conflictos de pareja que terminan con la mujer, por lo general, llevando la peor parte. Y por si fuera poco, amén de otras facetas no menos repudiables, tenemos a efectivos de fuerzas de seguridad cometiendo abusos criminales en plena vía pública, como el reciente caso que escandaliza a los tucumanos y pone en tela de juicio el accionar de un grupo de policías de esa provincia.

La violencia, a diferencia de la economía, se sigue derramando tanto en la calle como al interior de muchos hogares en un contexto social frágil y peligroso cuya dinámica impregna de aspectos preocupantes la realidad. No todas las personas asumen conductas salvajes, atrasadas o dignas de la incivilización, ni siquiera la mayoría, pero lo extendido de aquellas debe generar la reflexión necesaria sobre qué está pasando para que unos pocos, a pesar de los riesgos que acechan a la salud pública, continúen empeñados en poner en jaque el contrato social de los/as argentinos/as.

Tanto quienes están con contacto permanente con cuestiones sociales como los especialistas en prevención de una forma de violencia, la urbana, consideran que “el tiempo de actuar es hoy” y que el abordaje de la problemática no debe ser puesto entre paréntesis por ningún motivo.

En el caso puntual de los jóvenes, los expertos advierten que muchos “ni-ni” no solamente no respetaron en su momento el aislamiento social y hoy se resisten a mantener el distanciamiento preventivo necesario, sino que siguen dedicados a actividades nos sanctas, algunas de ellas vinculadas directa o indirectamente con delitos violentos.

Si una emergencia en particular hace que dejemos de prestarle atención a este tipo de situaciones, el costo social puede llegar a ser muy alto. Es en este marco que suelen surgir propuestas para crear “servicios cívicos voluntarios”, u otras que también dejan en una fuerza de seguridad o policial, la responsabilidad de educar a adolescentes que no estudian ni trabajan.

La idea, reflotada el año pasado, apunta a que jóvenes sin horizontes, a los que la escuela no logró contener y que no califican para ningún tipo de trabajo, pasen a ser “ordenados” por una institución uniformada y verticalista. Quienes creen ver en ello una solución a corto plazo no deberían perder de vista los abusos internos que suelen cometerse en la “formación” de quienes luego deben salir a la calle a cuidar determinados espacios del territorio nacional o a brindarle seguridad a los/as ciudadanos/as.

Hay adoctrinamientos y enseñanzas retorcidas que llevan a miembros de distintas fuerzas a actuar con violencia desmedida cuando están en funciones. Ellos/as también atentan contra la paz social.