En un par de semanas se cumplirá un año del Foro Federal de Centros de Estudiantes de colegios secundarios que, reunido en Formosa, enfatizara la necesidad de aplicar efectivamente, en las escuelas de todo el país, la Ley de Educación Sexual Integral. No fue un encuentro menor el realizado en esta ciudad; se hicieron presentes representantes de 17 jurisdicciones, quienes discutieron las políticas nacionales y provinciales que impactan en la educación de alumnos/as del Nivel Medio.
Los participantes hicieron especial hincapié en la Ley de Educación Sexual Integral, cuya implementación, como es sabido, se ha visto postergada o lisa llanamente frenada por trabas provenientes de prejuicios de distinto tenor, cuando no tergiversada por concepciones religiosas o por falta de formación específica de los docentes.
El llamado estudiantil, en aquella ocasión, fue unánime: que se cumpla la norma tal y como fuera promulgada; esto es, que haya educación sexual en las escuelas, desde una perspectiva laica y con base científica, con educadores/as capacitados/as.
Mientras las clases presenciales siguen suspendidas en todo el país y no se sabe a ciencia cierta cuándo volverán a dictarse en aulas físicas, resulta oportuno hacer un alto para reflexionar sobre el tema. La Ley de Educación Sexual Integral se sancionó en 2006 para garantizar que todas las escuelas impartieran una educación sexual que integrara cuestiones biológicas, psicológicas, sociales, afectivas y éticas, y los lineamientos curriculares fueron establecidos por el Ministerio de Educación de la Nación en 2009. Sin embargo, una década más tarde, los estudiantes reunidos en Formosa sintieron la necesidad de reclamar a las autoridades que la norma llegue a todas las escuelas de manera efectiva y eficiente. ¿Por qué? Porque evidentemente muchos/as de ellos/as no pudieron gozar aun de los derechos allí consagrados.
Lamentablemente, en la Argentina se ha hecho costumbre dejar que muchas leyes terminen siendo “letra muerta”. Parte de la ciudadanía tiende a creer que la sanción de una norma implica su vigencia inmediata, pero no es así. Si un derecho no recibe partidas presupuestarias para hacer campañas de difusión, formar a los agentes que actuarán con la persona que gozará de sus beneficios y educar al resto de la población en el sentido que marca la nueva legislación no se avanza en el rumbo deseado.
Encima, los prejuicios religiosos. Hace dos años, el proyecto de reforma para incorporar a la Ley de Educación Sexual Integral los principios fijados en la Ley de Identidad de Género desató una importante oposición de sectores identificados con determinados cultos, que no sólo entienden que la educación sexual debe quedar bajo los parámetros de la biología y de la moral, sino que también demandan que cada escuela paute los contenidos en función de su ideario. Si un derecho es universal, no puede tener distintas aplicaciones particulares.
Ergo, las autoridades no tienen otra alternativa que dar respuesta a la solicitud del foro nacional estudiantil celebrado en tierra formoseña en julio de 2019.