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Miércoles 03 de Marzo de 2021

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SESION ESPECIAL MIXTA

La Legislatura aprobó la rendición de cuentas del 2019 y la reforma del Código de Faltas Provincial

Ambos proyectos enviados por el Ejecutivo fueron aprobados con los votos del justicialismo. La oposición votó en contra, con fuertes reparos a la gestión provincial



En una extensa sesión mixta, presencial y vía remota, presidida por el vicegobernador Eber Solís, la Legislatura provincial aprobó este juesves por la noche las cuentas de inversión de la administración provincial del ejercicio 2019, que confirmaron un nuevo superávit fiscal de más de 380 millones de pesos.

Esta iniciativa enviada por el gobernador Gildo Insfrán fue aprobado con los 20 votos del bloque del PJ, ya que los ocho legisladores del Juntos por el Cambio votaron en contra, mientras que las legisladoras del bloque “Floro Bogado”, Silvia Andraus y Patricia Arguello, se abstuvieron.

Fuerte debate

El segundo proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, relacionado a la reforma del Código de Faltas de la Provincia, fue duramente cuestionado por los legisladores de Juntos por el Cambio y las diputadas integrantes del bloque “Floro Bogado”, pero fue aprobado con los votos de los 20 diputados del oficialismo después de más de 6 horas de sesión.

La reforma al Código de Faltas prevé la sanción de arresto de entre 5 y 30 días, redimible por multa, para el que incumpliere con una disposición legal de salud o higiene pública, pena que se puede agravar hasta sesenta días si la infracción se comete en el marco de una emergencia sanitaria, como lo es la declarada por el coronavirus.

En el inicio del tratamiento sobre tablas del proyecto de reforma del código de faltas, el miembro informante, el justicialista Rodrigo Vera, dijo que “nos toca discutir este proyecto que tiene que ver con el cuidado de la salud pública de los formoseños, en un día en el que se ha informado un record de muertos en la Argentina por coronavirus en un día, con 25 personas fallecieron”.

Destacó que en este escenario la provincia de Formosa ostenta “un estatus sanitario de cero casos de coronavirus en nuestro territorio”, por lo que dejó en claro que el proyecto en debate “se encuadra en toda la materia de medidas establecida por el gobierno de Formosa, que supo actuar rápido, certero y ordenado para cuidar la salud y la vida de los formoseños”.

Vera destacó que la reforma del Código de Faltas “permite brindar sustento jurídico a las sanciones que se impongan por el incumplimiento de las medidas sanitarias”, y aclaró, además, que este tipo de normativas están vigentes en todas las provincias.

También indicó que se trata de un nuevo título, el número 13, en un código que fue creado hace 50 años, y que refiere a “Faltas contra la salud pública, sanidad e higiene”.

Recordó que antes de esta ley ante una violación de las medidas sanitarias por la cuarentena se iniciaba una causa penal ante la justicia. Ahora se establecen las sanciones, que incluyen arrestos de hasta 60 días “que son redimibles con multas. Cada día de arresto equivale a una multa de 1.000 pesos diarios y se da intervención a la justicia ante quien cada supuesto infractor podrá ejercer su derecho a la defensa”, añadió.

Andraus

En su intervención, la diputada del bloque “Floro Bogado”, Silvia Andraus, puso reparos al proyecto de ley al considerar que el mismo “puede ser utilizado de una manera abusiva y generalizada en contra de los ciudadanos”.

“No estamos en contra que haya un agravamiento de penas en el contexto de una pandemia, pero esto debería ser por leyes transitorias y taxativas y no por una ley general y permanente como esta”, señaló.

Tras recordar que el Código de Faltas de la provincias “fue redactado en la época de la dictadura militar”, advirtió que la normativa “pone al ciudadano en total desamparo ante el Estado”.

También aclaró que las multas diarias son superiores a los 1.000 pesos que había señalado el miembro informante y en ese sentido informó que es el Superior Tribunal de Justicia el que fija estos valores, “que actualmente está en los 2.400 pesos diarios, por lo que un ciudadano que quiera evitar ir preso por 60 días debería abonar casi 150 mil pesos. Claramente este proyecto oculta un fin recaudatorio y trae aparejada consecuencias negativas en la época que estamos viviendo”, alertó Andraus.

Finalmente, la legisladora dijo que la aplicación de esta ley “llevaría a un colapso de presentaciones judiciales poniendo en juego el funcionamiento del Poder Judicial que aun se encuentra en feria extraordinaria debiendo resolver recursos innecesarios”.

Amarilla

A su turno, el radical Juan Carlos Amarilla, habló de la “desprolijidad” la presentación del proyecto de ley para ser tratado sobre tablas, y consideró que la iniciativa en sí “está yendo mucho más allá de cuidar la salud de los formoseños”.

“Hablamos de restricción de libertades y tenemos derecho de pensar que acá lo que se pretende es vigilar mejor a los ciudadanos. La verdad que asusta la redacción de este proyecto, que tiene disposiciones injustas e inequitativas, que van a abundar en arbitrariedades en su aplicación”, manifestó.

El diputado radical sostuvo que “el único objetivo de esta medida es meter miedo a la sociedad, y llama la atención que viene justo tras la protesta de un grupo de médicos que contó con el apoyo de la comunidad. No se bancan los reclamos. Se busca amedrentar a la sociedad”, insistió.

“Para algunos evidentemente el coronavirus es una oportunidad para acumular aun mas poder, por eso es que considero que se utiliza una situación sanitaria para acrecentar ese poder”, denunció.

Rodrigo Vera

Al pedir la palabra, el justicialista Vera no ahorró críticas a sus colegas de la oposición; “da vergüenza escuchar lo que dicen. Me parece de un cinismo, de un grado de bajeza que pocas veces he escuchado en esta cámara”.

Tras cartón, afirmó que “tenemos una oposición que no está a la altura de la democracia formoseña. No sean tan rastreros en sus ataques”, pidió el legislador del oficialismo, quien calificó de “impresentable y hasta vergonzoso el papel de la oposición”.

Señaló, además, que “no es por arte de magia que no tengamos coronavirus, son por las medidas que justamente venimos a fortalecer con un proyecto de ley que llena un vacío en el Código de Faltas”.

“También escuché decir que nos encaminamos hacia un estado policial. Escuchan a (Jorge) Lanata y vienen y repiten, y se sienten los fiscales de la república. Están jugando con el miedo de la gente en medio de una pandemia. Hay una actitud mas irresponsable que eso?”, preguntó Vera.

Samaniego

Por su parte, el presidente del bloque justicialista, Agustín Samaniego, dijo que a partir de la entrada en vigencia de las reformas en el Código de Faltas, muchas obligaciones incumplidas tendrán sus consecuencias legales.

Es una herramienta que viene a llenar un vacío legal. Hasta el momento, muchas disposiciones que se emitieron en el contexto de la pandemia en la provincia, como protocolos sanitarios, obligatoriedad del barbijo, distanciamiento social, aislamiento preventivo, circulación restringida por patente y otras decisiones de urgencias, tendrán una formalidad en la penalidad. Es decir, contarán con un régimen de penalidades para actuar sobre las infracciones o violaciones a la cuarentena”, explicó.

El proyecto aprobado

El proyecto de ley que se aprobó anoche tras un extenso y acalorado debate modifica los artículos 145, 146 y 147 del código de faltas, que de aprobarse quedarían redactados de la siguiente manera:

Artículo 145: será sancionado con arresto de cinco a treinta días, redimible por multa, el que no observare una disposición legalmente establecida por la autoridad en materia de salud o higiene pública.

Artículo 146: Cuando la conducta prevista en el artículo precedente sea cometida en el marco de una declaración de emergencia sanitaria dispuesta por autoridad competente, el infractor será sancionado con arresto de diez a sesenta días, redimible por multa. Si la infracción es cometida con la concurrencia de tres o más personas, la sanción de arresto no podrá ser inferior a quince días.

Articulo 147: Será sancionado con arresto de diez a sesenta días, redimible por multa toda persona, titular y/o responsable de un establecimiento público o privado que omita adoptar las medidas sanitarias y protocolos a los que se encuentre obligado por las normas vigentes en caso de emergencia sanitaria, pudiendo disponerse si las circunstancias lo justifican, la clausura del local.



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