La Defensoría del Pueblo de la Provincia reveló que se han multiplicado las denuncias de inquilinos que vienen siendo amenazados e intimados por los propietarios de las viviendas a desalojarlos de las mismas.
Al respecto, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, resaltó que “en todos los casos atendidos no median presentaciones judiciales, lo cual agrava aún más estas situaciones, toda vez que los dueños o locadores utilizan directamente vías de hecho que se transforman en intimidaciones hacia los inquilinos, llegándose en algunos casos que hemos atendido a que se produzcan cortes de servicios esenciales como lo son la energía eléctrica y el agua potable, especialmente en aquellos sitios donde existe una sola conexión y se prorratean los cobros de los servicios entre los inquilinos”.
El defensor del Pueblo advirtió que se mantiene la vigencia de las prohibiciones sobre desalojos, rescisiones y aumentos hasta el 30 de septiembre inclusive, debiendo mantenerse los valores de los alquileres vigentes a marzo pasado.
Por otro lado, también dejó en claro que, de generarse deudas en concepto de alquileres, las mismas recién se pagarán en el mes de octubre en 3 ó 6 cuotas.
Además, los inquilinos pueden exigir los datos bancarios necesarios a fin de que se les garanticen los medios para el pago de los alquileres, y en los casos de pago por transferencia o depósito no puede sufrir aumentos ni penalizaciones. En tanto, los contratos de alquiler que vencieron luego de iniciada la cuarentena, el 20 de marzo, “quedan prorrogados automáticamente hasta el 30 de septiembre”.