CLORINDA - A pesar de la existencia desde 2018 de la Ley Brisa (Nº 27.452), que estableció un Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes cuya madre murió a causa de un femicidio, la mayoría de ellos, por una mala interpretación de la norma, sentencias confusas, o enredos burocráticos, no tienen acceso a esta compensación. Formosa no escapa a esta realidad.

La Ley Brisa fue aprobada el 4 de julio de 2018, con 203 votos afirmativos y ninguno negativo, y publicada en el Boletín Oficial el 26 de julio de 2018.

A partir de la aprobación de la norma se otorga una reparación económica, similar a una jubilación mínima, a hijos e hijas víctimas de femicidio. Si hay alguna discapacidad, el sostén no se extingue a los 21 años. Además se contempla la cobertura (y el monitoreo) integral de salud.

Si bien, el régimen de reparación económica es para niñas, niños y adolescentes cuyo progenitor haya sido el asesino (o participado del crimen) de su mamá y esté procesado, condenado (o se haya extinguido la causa), en muchos casos el femicida no es el padre de los hijos e hijas que quedan huérfanos/as y se obstaculiza el acceso a la ley. No obstante, el punto C de la ley explicita que les corresponde si su madre falleció “a causa de violencia intrafamiliar y/o de género”.

En diálogo con La Mañana, Ana Caligaris, referente de Ñande Roga Guazú de Clorinda, destacó que desde hace muchos años, la lucha del movimiento feminista se centró en obtener lo que hoy es la Ley Brisa. “Los observatorios de mujeres que son los que hacen la red de información a las cuales estamos siempre obligadas mutuamente a informar, nos fuimos pasando los datos sobre cuáles fueron las víctimas colaterales de los femicidios que podrían estar amparadas en el marco de la Ley Brisa, que es un resarcimiento económico para aquellos niños y niñas que quedan huérfanos en situación de femicidio, y lamentablemente no se avanzó en lo que es la implementación de la ley”, arrancó.

Así también, señaló que “en cada Encuentro Nacional de Mujeres se trabaja dentro de la agenda esta ley. Las compañeras cuentan que hay una brecha enorme entre los procesos judiciales y esta ley que está y tiene que ponerse en manos de niñas y niños que quedaron sin madre porque fueron asesinadas por femicidas. Todos los años fuimos demandando y en los últimos siete no se logró absolutamente nada”.

Según los datos del observatorio Mumalá, en 2019 hubo 226 femicidios que sacudieron Argentina, por los cuales “tenemos más de 282 hijos e hijas que están buscando que se tramite la implementación de esta ley para ellas y ellos”, dijo Caligaris y marcó que “en esto tienen mucha importancia las organizaciones que trabajan con violencia de género, tanto instituciones de las provincias como el propio movimiento feminista que pone en conocimiento de la gente esta posibilidad, pero lo que pasa es que los procesos judiciales se alargan, terminan definiendo un homicidio primero para que después sea femicidio”.

Caso de Clorinda

En Clorinda hay un caso testigo, el de Rosa de Jesús Machuca, víctima de femicidio, cuyo asesino “todavía no tiene condena y en la reglamentación dice que una vez que la condena está firme recién ahí se puede iniciar el trámite para que los niños y niñas puedan cobrar”.

“Para que se llegue a la condena pasan años. En algunas provincias los fallos no permitían el acceso a la Ley Brisa porque el femicida no era el padre biológico. Hay antecedentes judiciales que decían que no les correspondía porque el femicida no era el padre biológico y sin embargo la ley dice los hijos de mujeres que fueron asesinadas por femicidas, no hace falta que sea el padre biológico”, enfatizó Caligaris.

Durante la entrevista con este matutino, consideró que “legalmente la ley es amplia, casi perfecta, pero lo que está pasando es que todos los procesos judiciales se van lentizando, complejizando y no hay perspectiva de género en ellos. Murió la mujer, se suicidó o sigue preso el varón y hay una necesidad inmediata de socorrer a esas víctimas colaterales”.

Con la creación del nuevo Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad se reavivaron las esperanzas del colectivo de mujeres, aunque reconocen que “pueden tener la mejor voluntad pero siempre caemos en la parte judicial. Ahí no terminan de reconocer la gravedad de esto y la necesidad de caratular como corresponde estos hechos, asumir las realidades de quienes son víctimas de todo el sistema”.

“En Formosa, los movimientos de mujeres tenemos muchas expectativas favorables teniendo en cuenta la creación de este Ministerio y que habrá un cambio general. Vemos que hay otra forma de hacer las lecturas, de acercarse en el territorio. Desde este Ministerio hay consulta; se abrió un plan de consulta a todos los movimientos feministas que aportan datos”, enfatizó.

La implementación de la Ley Micaela, otra necesidad que urge

Desde Ñande Roga Guazú, como colectivo que conoce la realidad de Clorinda y su zona de influencia en materia de violencia de género, marcan la “enorme necesidad de la aplicación real de la Ley Micaela”.

“Acá nos dicen que el Poder Judicial capacita, pero todavía no vemos que haya efectos, que se internalice; por ello, seguimos luchando. Duele pensar: cuánto más vamos a tener que esperar para que determinado juez salga de lo específicamente normativo y reconozca que existió una situación de violencia de género en particular que terminó en una forma de extrema violencia: femicidio”, se interrogó.

Aún hoy, siguen aguardando la condena del homicida de Rosa de Jesús Machuca, hecho que ocurrió en 2018. “Ella dejó tres hijos (una nena y dos varones). Duele saber que es demasiado tiempo de espera para esos niños y niña que en este momento son criados por la abuela. Hoy, ellos tienen 15, 11 y 12 años”.

Durante la entrevista, la referente feminista hizo hincapié en la relevancia de la formación a través de la Ley Micaela que, “si bien abre en forma crítica las cabezas, quienes imparten justicia o están al frente de las instituciones no terminan reconociéndose como víctimas también. Todos y todas tenemos que reconocernos como posibles víctimas de este patriarcado que definió las vidas y las formas de vida de cada uno”.

Lamentó que la falta de implementación de la Ley Micaela provoque que las mujeres víctimas de violencia de género sufran “violencia institucional en las comisarías, en los hospitales donde no activan los protocolos que están pero no se cumplen o maltratan a las víctimas, y hasta que ocurra en el Poder Judicial”.

Caligaris reconoció la “buena voluntad de la gente de mesa de entradas del Poder Judicial, no así en la jerarquía, en las secretarías y en el Juzgado de Menores en particular. Considero que tienen que cambiar un poco las estrategias de trabajo y poner a personas que puedan abrir el alma, no solo los libros de Derecho, porque si nos limitamos solo a eso, encontraremos una respuesta que no es concurrente con la necesidad afectiva y el sufrimiento que están pasando las víctimas”.

Destacó la importancia del rol de los medios en lo que hace “a la difusión, a hacernos visibles en el dolor y en esta tremenda necesidad de justicia que no cesa, que no para. Nuevamente arrancamos el año con más femicidios, con más casos de mujeres metidas en bolsas negras, tiradas como basura. Con víctimas de violencia de género y de femicidio en el marco de esta cuarentena. Es sumamente doloroso y tenemos que seguir trabajando”, concluyó.

Vale señalar que en Clorinda existen dos juzgados Penales, pero que el Dr. Santos Gabriel Garzón se encuentra de licencia y no fue reemplazado. Además hay un juzgado Civil sin juez designado después que se fuera su titular denunciado por violencia de género, y en Fiscalía, el Dr. Alfredo Cabral pasó a Formosa para ocupar otro cargo en la Cámara.