El COVID-19 supone enfrentar grandes desafíos, no sólo para la población, sino para los gobiernos, nacional, provinciales y municipales, porque se debe combatir la pandemia a la vez de mantener un mínimo de actividad económica, necesaria para la fabricación de alimentos, productos de higiene personal, limpieza e insumos médicos y hospitalarios. Se requiere que la mayoría siga trabajando, porque esta pandemia puede provocar la pérdida de 25 millones de empleos en todo el mundo, con mayor incidencia en Latinoamérica y África. Es imprescindible mantener el flujo del comercio exterior, por lo cual el campo, el sector industrial exportador y los servicios logísticos, deben mantenerse en pie.
La necesidad imperiosa de atenuar la curva de expansión de la pandemia, choca con la necesidad de preservar fuentes de trabajo. Puede ser necesario restringir y/o paralizar fábricas, pymes industriales no estratégicas, comercios en general con las excepciones sabidas y servicios no esenciales, entre tantas actividades que abarca el Decreto del P.E. Claro está, que cuidar de la salud de la población, es el principal objetivo. Sin ninguna duda.
Se calcula una caída de 2% en el PBI del 2020, igual porcentaje que destina el gobierno nacional para atender la emergencia sanitaria. Si el PBI nacional es de 423.000 millones de dólares, estamos hablando de casi 8.500 millones de dólares, a los que se puede sumar alguna asistencia externa para redondear los 10 mil millones Mientras tanto el G-20 inyectará a la economía global, 5 billones de dólares, de los cuales 2 billones los aporta EEUU. Son las grandes diferencias por los tamaños de las economías centrales con nuestra región.
Se alteran todas las variables. Las provincias verán caer la coparticipación federal de impuestos, su principal ingreso; sueldos, servicios esenciales tales como alimentación, atención de la salud y seguridad, son el principal gasto público hoy.
Falta apuntalar ahora a las pymes regionales, no solo con créditos a tasa cero y plazos razonables, sino con apoyo para el pago de salarios, diferimiento para el pago de impuestos y presentación de las DDJJ y facilidades para el pago de servicios como energía eléctrica, además de congelar el precio de los combustibles. Peligra seriamente la cadena de pagos y es de esperar una ruptura importante.
Los 350 mil millones de pesos que destina el gobierno nacional para garantizar el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía, a una tasa del 26%, no llega a la mayoría de las economías regionales.
Las pymes provinciales no tienen los fondos necesarios para mantener la actividad luego de dos semanas de parálisis, que puede extenderse por dos semanas más. No hay liquidez, crecerán los cheques rechazados y no se generan circuitos positivos que nos permitan obtener ganancias que se direccionen hacia los proveedores y los trabajadores. De todas formas, nos comprometimos formalmente a sostener los precios de 263 alimentos y productos de higiene, en la consideración que proveedores, mayoristas y distribuidores, mantengan también los valores de los productos que permitan solventar su comercialización en la provincia. No somos formadores de precios y dependemos en su mayoría de fábricas y proveedores extra provinciales, por lo cual el compromiso debe ser de todos los que integramos este sector. Solo juntos podremos lograrlo.