Hoy por la mañana, ante el pedido de prisión domiciliaria para los ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa presos en el penal de Dolores hecho por su defensor, Hugo Tomei, el juez de garantías David Mancinelli ordenó que los rugbiers encerrados en la celda de alcaidía atraviesen pericias psicológicas y socioambientales.

Esos análisis son medidas de rigor, se toman para evaluar cualquier tipo de arresto en domicilios, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. El caso no implica ninguna situación especial.

Así, la medida será llevada a cabo por la Asesoría Pericial del Poder Judicial. El informe correspondiente para que puedan llevar una tobillera electrónica será realizado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, de quien dependerá el monitoreo. Se estila que la Asesoría Pericial realice los exámenes fuera de los penales, lo que implica traslados con dispositivos de seguridad.

Esta medida corre en un carril paralelo al expediente principal y a la prisión preventiva firmada por Mancinelli dos semanas atrás: la prisión domiciliaria había sido pedida por Tomei en la audiencia que mantuvieron todas las partes del caso –los abogados de la familia Báez Sosa, la fiscal Verónica Zamboni, la defensa y el juez– el 13 de febrero pasado en el Juzgado de Garantías Nº 6.

La prisión preventiva original a la que siguen sometidos los rugbiers hoy es tratada por la Sala I de la Cámara de Garantías y Apelaciones de Dolores con los jueces Sotelo, Yaltone y De Felitto, que puede confirmarla o rechazarla. Si es confirmada, los acusados podrían ser trasladados a otro penal tal como estiman fuentes cercanas a su encierro, una cárcel más cercana a su casa como la Unidad Nº 57 de Campana, diseñada para jóvenes de 18 a 21 que atraviesan su primera condena o fueron detenidos con prisión preventiva, principalmente por robo a mano armada.

En paralelo, el juez podría conceder la prisión domiciliaria, lo que les permitiría a los ocho acusados encabezados por Ciro Pertossi y Máximo Thomsen como principales implicados que regresen a sus familias en Zárate como ya lo hicieron Alejo Milanesi y Juan Guarino, acusados de ser partícipes necesarios, que volvieron a la UFI Nº 6 de Zamboni para negarse a declarar tras un cambio en la imputación. Mancinelli podría evaluar la situación individualmente, con citaciones por separado a cada uno de los detenidos en audiencias a las que se convocará a las partes si es que ocurren.

Sin embargo, que se vayan a su casa con este recurso parece sumamente difícil. El peligro de fuga es proporcional al máximo de la pena que enfrentan: cadena perpetua. Por otra parte, el Código Procesal bonaerense estipula estas prisiones domiciliarias para embarazadas, madres de hijos menores de cinco años, ancianos o enfermos terminales, o en excepciones. Los ocho de Zárate presos en Dolores no encajarían en ninguno de estos criterios.