En vísperas de la sesión especial convocada por el oficialismo para mañana al mediodía, el Gobierno oficializó esta tarde que modifica uno de los artículos vinculado al cálculo de la movilidad de los regímenes especiales del Poder Judicial y del servicio exterior y confirmó que los magistrados que cumplen los requisitos para jubilarse hasta tanto no se sancione la nueva ley, aun cuando no hayan iniciado el trámite, “conservarán sus derechos”.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Guillermo Bulit Goñi, que desde pasadas las 14 exponía ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión y Seguridad Social junto al ministro Claudio Moroni y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli. Era uno de los puntos pedidos por el interbloque de Juntos por el Cambio y por las asociaciones de magistrados y fiscales, que desde la semana pasada activaron un fuerte lobby en el Parlamento por la iniciativa que recorta las jubilaciones especiales.

“Son innumerables los magistrados que al cumplir los 60 años y cumpliendo los requisitos necesarios iniciaron el trámite de jubilación, han obtenido el beneficio y suspendieron hasta el momento que ellos deciden cesar (su trabajo). Los que no hicieron ese trámite pero hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplen con los requisitos de la ley actual vigente, conservarán sus derechos. No están afectados", resaltó Bulit Goñi ante la insistencia de los diputados Alejandro Cacace –autor de un proyecto alternativo– y Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio.

Bulit Goñi, uno de los funcionarios más consultados por la oposición, aseguró que la cuestión está contemplada en el mensaje de elevación del proyecto enviado hace dos semanas por la Casa Rosada. Pero rechazó incorporar la cláusula pedida por Cambiemos por escrito en el texto. "¿Qué pasaría si discutiendo el Código Penal dijéramos ‘el que no roba, no va preso’. Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente, creemos que es suficientemente claro”, remarcó el secretario de Seguridad Social.

Además, retocaron el artículo 17 para clarificar la forma en que se van a calcular los aportes. Y fijaron que se aplicará el 82% móvil sobre el promedio de las remuneraciones –de los últimos 10 años- actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría del cargo vigente al momento del cese. Es decir, teniendo en cuenta los sueldos actuales y no lo que percibió cuando desempeñó esa actividad.

A su vez, eliminaron el inciso que estipula la necesidad de haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, aunque sostiene el requisito de haber trabajado, como mínimo, 10 años de forma continua o 15 de manera discontinua.

También incluyeron la eliminación del inciso A del artículo 16 de la ley 24.018 que permitía que magistrados y funcionarios jubilados pudieran ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.

Sin embargo la incorporación de una cláusula transitoria -que especifique que los jueces que ya están ahora en edad de jubilarse mantendrán la posibilidad de hacerlo más adelante pero con el régimen de privilegio actual- desató fuertes cruces.