El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó este martes de que 9,3 millones de venezolanos no pueden acceder a alimentos, a pesar de que los productos pudieran llegar a estar disponibles en el país, debido a la hiperinflación, lo que se conoce como “inseguridad alimenticia” moderada o grave.

El estudio ha sido realizado por esta agencia dependiente de Naciones Unidas a invitación del propio régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, el PMA ha certificado que contó “con plena independencia” para diseñar y llevar a cabo “sin ningún impedimento, ni obstrucción” dicha investigación por todo el país.

Los resultados, compartidos con la dictadura de Venezuela, han mostrado que una de cada tres personas en el país tiene dificultades para poder llevar comida a sus hogares y han revelado además, que un gran número de ciudadanos sólo comen diariamente cereales, raíces o tubérculos, puesto a que la hiperinflación no permite afrontar con sus salarios actuales los precios de los productos más básicos.

La investigación de la PMA, basada en 8.375 cuestionarios, informó también que cuatro de cada diez hogares tienen que hacer frente a cortes en los servicios de luz y agua. Los estados más afectados por este problema son Delta Amacuro (noreste), Amazonas (sur) y Falcón (norte).

“El PMA espera poder continuar el diálogo con Venezuela y mantener conversaciones que se centren en la forma de llevar ayuda a aquellos que no tienen garantizada la alimentación”, indicó la agencia a través de un comunicado.

La encuesta demostró que un 74 por ciento de las familias han tenido que adoptar “estrategias de supervivencia”, como la de trabajar a cambio de comida, algo que ha comenzado a hacer el 33 por ciento de los encuestados. Otro 60 por ciento ha tenido que recortar las porciones, mientras que un 20 ha tenido que vender bienes para poder comer.

El consumo de carne, pescado, huevo, vegetales y frutas está por debajo de las tres veces por semana. El problema, de acuerdo con las personas entrevistadas, no es la escasez de estos productos, sino la dificultad de obtenerlos debido a sus altos precios en comparación con los salarios.

Esta situación ha provocado que más de 4,5 millones de personas hayan abandonado el país durante los últimos años. La inmigración, aunque permite a las familias depender de remesas, se ha traducido en una “preocupante” pérdida de capital humano y social, ya que el número de profesores, doctores, científicos y otros trabajadores cualificados ha disminuido considerablemente, dice el documento.