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La fundación “Libertad y Progreso” propone un plan para ahorrar un 6% del PBI

Manuel Solanet, referente de la entidad, señaló que si el Gobierno nacional le presenta al FMI una estrategia de este tipo, podrá lograr una reestructuración exitosa de la deuda



En diálogo exclusivo con La Mañana, el ingeniero Manuel Solanet, director de Políticas Públicas de la fundación “Libertad y Progreso”, detalló los objetivos de la propuesta realizada por la entidad para que la gestión nacional logre reducir el gasto público y cumplir con un plan de reestructuración de la deuda externa.

El conjunto de medidas propuestas por Solanet y por la fundación incluyen: una reforma de la administración nacional para reducir el número de empleados públicos; una reforma laboral que privilegie “los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad”; una reducción gradual de planes sociales a quienes menos los necesiten, buscando incentivar el empleo con una ampliación del plan “Empalme”; y una auditoría internacional para revisar los excesos cometidos en la “asignación fraudulenta” de las prestaciones por invalidez.

También se recomendó elevar la edad jubilatoria, igualando mujeres y varones en 65 años en un principio para luego llegar en una década a los 70 años para ambos sexos y enviar al Congreso una ley para reformar la Coparticipación Federal y devolver potestades tributarias a las provincias.

A su vez, se solicitó la eliminación gradual del Impuesto al Cheque y de los derechos de exportación a medida que se disminuya el gasto público, pero con “un curso preestablecido por ley”. Sumado a esto, se pidió trabajar en la concreción del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea y en reducir y simplificar las cargas impositivas.

En síntesis, la propuesta de “Libertad y Progreso” implica una economización del 6% en el Producto Bruto Interno de la Argentina, abarcando diferentes niveles de ahorro en porcentajes del PBI, a través de los siguientes ejes: una racionalización administrativa del Gobierno nacional (0,8%); una racionalización administrativa en las provincias (1,7%); una “depuración” de los planes sociales (1%); una reducción de subsidios a la energía y el transporte (1%); una disminución de subsidios económicos y gastos tributarios (0,6%) y una supresión de obras públicas no prioritarias (0,9%).

“Nosotros especificamos cuánto hay que hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Describimos la línea de trabajo para implementar medidas que permitan conseguir un crecimiento de la economía y una reducción del gasto público que facilite una baja en el déficit y generar el excedente necesario para cumplir con un plan de reestructuración de la deuda”, destacó Solanet.

“El plan propuesto es factible si se lleva a cabo con la prudencia y con los ‘amortiguadores sociales’ necesarios. Sólo pedimos una reducción de un tercio de lo que aumentó el gasto público durante la gestión kirchnerista anterior”, agregó.

“La cuestión clave para que la propuesta del Gobierno argentino sea aprobada y se logre una reestructuración exitosa de la deuda externa es que los acreedores tengan la confianza necesaria en que se puede cumplir el acuerdo. Esto ocurrirá cuando el Gobierno muestre un programa que respalde un superávit fiscal suficiente para pagar los intereses y devolver algo del capital de la deuda. Por ahora, no estamos viendo nada de esto”, explicó el ingeniero a este diario.

“En su reciente exposición en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que se logrará un superávit fiscal en 2023, pero se trata de un superávit fiscal primario. Lo que interesa es el resultado financiero, después del pago de intereses, lo cual tiene que brindar el margen para devolver la deuda. El resultado expuesto por el funcionario no alcanzaría ni siquiera para el pago de los intereses, que representan cerca de tres puntos del Producto Bruto Interno. Estamos ante una indefinición del programa económico”, manifestó Manuel Solanet.



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