En un comunicado publicado este martes, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifiestó su absoluto rechazo a que se intente deslegitimar y limitar, a través de un proyecto "legislativo desatinado y sin antecedentes en el mundo, el rol del periodismo de investigación, central en las democracias modernas". Para la asociación la norma propuesta "vulnera claramente la libertad de expresión y promueve la autocensura".

"Pretender que una investigación periodística sobre corrupción, una de las funciones de la prensa libre, constituya per se un atenuante en la situación procesal de un denunciado, roza el disparate y busca, una vez más, confundir intencionadamente los roles que periodismo y justicia tienen en democracia", señalan desde la entidad.

De acuerdo al proyecto presentado en el Senado de la Nación se anularía la prisión preventiva de los acusados si los medios “afectan” la percepción sobre su inocencia. Propone un “control de convencionalidad para las prisiones preventivas, que establece su anulación lisa y llana cuando imputado se crea comprendido en una serie de supuestos, entre los cuales está la difusión en los medios de las acusaciones en su contra, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones". Este proyecto de ley fue firmado por cinco senadoras kirchneristas: María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara, y presentado en diciembre en la Cámara de Senadores.

El texto advierte que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de las personas que no hayan estado sujetas al control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

Un ejemplo que pone en peligro la libertad de expresión, es el primer motivo de nulidad que proponen las senadoras: “La publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”, es decir si los periodistas informan sobre una causa de corrupción y un juez le dicta al acusado la prisión preventiva-, esa persona puede exigir que lo liberen.

Para Adepa, cuestionar y debilitar, ex ante, genéricamente y nada menos que por ley, la función del periodismo de investigación, busca "desincentivar la labor periodística, reducir los niveles de transparencia y, en definitiva, favorecer la impunidad".

"Aprobar una iniciativa como esa constituiría un precedente contra la libre expresión inaudito en democracia", sentenciaron.