Apenas 10 días después de que Alberto Fernández asumiera como Presidente, las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara presentaron un polémico proyecto que buscar eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones.

Para justificar su contenido, la iniciativa califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como “verdaderos linchamientos mediáticos”, y señala que las publicaciones en los medios “que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado" es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.

El proyecto (S-3435/19) fue girado a fines de enero a la comisión de Justicia y Asuntos Penales para su discusión, en el marco de las críticas del kirchnerismo hacia los procesos judiciales en curso contra ex funcionarios y dirigentes sociales.

Si hubiera estado vigente una ley como la que ahora se intenta impulsar, figuras como Julio De Vido, Roberto Baratta, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Cesar Milani, Amado Boudou, Milagro Sala y José López no hubieran estado detenidos en forma preventiva. En los tres últimos casos ya hay condenas firmes.

El proyecto enumera nueve condiciones para solicitar la nulidad de las ordenes de detención, entre los que se destacan la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.