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Desequilibrio irracional


Un grave problema que sufren las universidades públicas argentinas, además de las altas tasas de deserción y la prolongada permanencia de los estudiantes en los cursados -fenómenos que no son ajenos a la UNaF, como reconoció el decano de la Facultad de Recursos Naturales, Gustavo Rhiner-, es el manejo del presupuesto anual.

Hace años que se observa una delicada situación en ese sentido, habida cuenta que cada vez se destina un mayor porcentaje del dinero que les adjudica el Estado a salarios docentes y no docentes. En la mayoría de los casos por encima del 80 por ciento, con picos que llegan a cerca del 90.

Esto se da no sólo porque la inflación galopante demanda el lógico aumento de los sueldos, sino además por las continuas designaciones que en general se realizan. De tal forma que la planta de personal de las universidades nacionales no deja de crecer, en el mejor de los casos por la apertura de nuevas facultades -o nuevas carreras dentro de las unidades académicas ya existentes- y la consiguiente necesidad de más empleados administrativos. Pero no todas las designaciones responden a dichas necesidades, ya que muchas casas de altos estudios del país dan cabida, también, a los consabidos favores políticos.

El dato a tener en cuenta es que si de un año al siguiente el dinero que se asigna al funcionamiento universitario sólo aumenta por la inflación, pero en la torta presupuestaria del Estado nacional sigue representando la misma proporción, a medida que crece el impacto de los salarios en las cuentas generales disminuye el monto disponible para los demás gastos, que en estas instituciones no son menores.

Valga una comparación: tanto del Estado nacional como de las provincias dependen otras instituciones que también tienen problemas presupuestarios. Muchas municipalidades, por ejemplo, no cuentan con plata para obras y demás cuestiones porque el grueso de los fondos se destina a salarios. En este contexto, unas cuantas comunas se esfuerzan por conseguir un cierto equilibrio, y algunas hasta fijan reglas propias para reducir el impacto salarial en sus cuentas.

Especialistas en el tema consideran razonable que la masa salarial ronde el 50 por ciento del presupuesto. Pues bien, en el caso de las universidades públicas argentinas, los salarios capturan muchísimo más. Y, a diferencia de los municipios, en una universidad es más complejo diversificar y aumentar sus vías de recaudación.

Aunque la Argentina sufre un desequilibrio fiscal importante (el ministro Martín Guzmán dijo en el Congreso que se llegará al equilibrio recién en 2023), el problema universitario necesita ser revisado con urgencia. No sólo por parte del Estado, sino también por las propias unidades académicas que no hacen el esfuerzo pertinente.

La educación superior requiere para su buen funcionamiento, además de las imprescindibles obras de infraestructura y mantenimiento, el fomento de las actividades científicas y de divulgación, los programas de becas, la actualización de sus áreas vitales. En tanto las universidades no revisen su administración, las limitaciones continuarán.



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