Entre el viernes y el lunes próximo, el Gobierno anunciará cuáles serán los aumentos que tendrán las jubilaciones y pensiones y que regirá en los próximos meses. Como consecuencia de la suspensión de la aplicación del porcentaje de movilidad jubilatoria —que debería haber sido de 11,56% para marzo—, el aumento será establecido a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). También se incluirán los incrementos correspondiente a los beneficiarios de la AUH y las Asignaciones Familiares, prestaciones no contributivas y pensiones adulto mayor (PUAM).

Según fuentes del Gobierno, el porcentaje exacto será definido luego de conocerse la inflación de enero, que será informada por el Indec este jueves y que las consultoras privadas creen que rondará el 3,5%. Con todo, las jubilaciones de las categorías más bajas recibirían un aumento de entre uno y dos puntos por encima del porcentaje de inflación estimada trimestral, que podría rondar entre 9% y 12% en promedio.

En tanto, para las categorías más altas —los jubilados que más ganan— rondaría un tercio del aumento correspondiente a los que menos ganan. Aunque no hay un número definido, desde el Gobierno ya tienen claro el concepto de cómo sería la fórmula y los objetivos: con la aplicación de estos porcentajes buscan incentivar consumo y que no haya presentaciones en los tribunales por una violación de la ley que está vigente, por la cual debería aplicarse un aumento de 11,56%.

De esta forma, el aumento podría ser de 12% para los que tienen los haberes más bajos y de 4% para los que están en las categorías más altas. En ese caso, el haber mínimo pasaría de los actuales $ 14.068 a cerca de $ 15.700. Las jubilaciones y pensiones por debajo de ese valor recibirán un incremento más bajo. Tampoco se confirmó si a estos porcentajes se podría agregar además una suma fija.

A fines de enero, el presidente Alberto Fernández aseguró que el “objetivo” del Gobierno era que en abril todos los jubilados “reciban un aumento” y adelantó que era posible que los que están más abajo reciban un adicional. “Los adicionales son sumas fijas, y eso nos permite controlar un poco más el gasto público y los efectos fiscales de estos aumentos”, explicó Fernández.

A partir de la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva sancionada por el Congreso en diciembre del año pasado, el Gobierno congeló por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria con el propósito de determinar un nuevo esquema de ajuste que sea sostenible para las finanzas del Estado.