El Gobierno impuso restricciones a las designaciones en el sector público por un plazo de 180 días. La medida alcanza a las contrataciones que afecten fuentes de financiamiento presupuestarias en la Administración Nacional y los Entes Públicos en que el Estado tenga control mayoritario.

A través del Decreto 132/2020, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo justificó la decisión en el marco de “la necesidad de utilizar estratégicamente los recursos públicos y su asignación para hacer efectiva la gestión, así como para conformar adecuadamente las plantes de personal". En ese sentido se llamó a “priorizar” la prestación de los servicios a cargo del Estado Nacional, "en especial, de los necesarios para la atención de los sectores más vulnerados de nuestro país”.

Dicha restricción incluye a las designaciones a término en las Plantas Transitorias; las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial, y de trabajo eventual; las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos; las designaciones transitorias en cargos simples de planta, y las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad previstas en estatutos especiales.

Quedan excluidos la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

También hay otras excepciones: las designaciones en la planta permanente de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Central, "como resultado de procesos de selección ya iniciados o que se inicien en el futuro"; las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos; las designaciones y contrataciones que se efectúen como consecuencia de cambios del régimen de prestación de servicios aplicable al personal de una jurisdicción o ente descentralizado, mientras no se afecte el presupuesto para tales fines; las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales y del personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción; entre otros casos específicos.

En tanto, el decreto anuncia que durante 180 días la Secretaría de Gestión y Empleo Público deberá realizar un informe en el que consten las dotaciones de personal que conforman la planta permanente y transitoria, como así también del personal contratado en sus diversas modalidades de los organismos del Sector Público Nacional a los fines de contar con la información adecuada para optimizar la gestión de gobierno.

El decreto lleva las firmas de Alberto Fernández, Santiago Cafiero y Martín Guzmán.