Los familiares de los soldados caídos en el ataque de montoneros al RIMte 29 el 5 de octubre de 1975, no descartan acudir a la Justicia en busca del cumplimiento del DNU que establece las indemnizaciones dispuestas por el gobierno de Mauricio Macri, aunque aclararon que continuarán con sus pedidos hasta agotar las instancias administrativas y legislativas.
El 4 de octubre del año pasado Macri había anunciado la decisión de dictar un decreto para indemnizar a los familiares de los caídos, pero el instrumento legal fue publicado recién horas antes de que finalizara el mandato de la gestión anterior, por lo que los pasos para concretar el pago de las indemnizaciones quedaron pendientes y en manos del nuevo Gobierno nacional.
Ante esta situación, Doris Sánchez, hermana del soldado Ismael Sánchez, junto a la hermana de Hermindo Luna, Jovina Luna, presentaron ante el Ministerio de Defensa, en Buenos Aires, un pedido dirigido al titular de esa cartera, Agustín Rossi, para que adopte las medidas necesarias que posibiliten a los familiares el cobro de las indemnizaciones que se fijaron en el decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri.
Ayer trascendió que los demás beneficiarios del DNU, los heridos y sobrevivientes del ataque montonero al Regimiento de Infantería de Monte 29, también estarían presentando una nota de similar tenor, solicitando la reglamentación del instrumento legal.
Consultado por La Mañana acerca de la situación en que se encuentran las gestiones para avanzar en la concreción del DNU, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Mario Arce, indicó que continúa reuniéndose con familiares de los soldados fallecidos y también con los sobrevivientes que defendieron la unidad militar aquella fatídica jornada del 5 de octubre.
“Más allá de las acciones que pude realizar desde mi banca y las gestiones que pueda hacer a nivel oficial en organismos nacionales, estoy en contacto permanente con familiares y sobrevivientes para ver qué pasos seguir”, comentó.
Adelantó que su intención es “seguir trabajando no solo desde el punto de vista legislativo, sino desde cualquier espacio y circunstancia que sirva para lograr el objetivo, que es el cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia que establece las indemnizaciones del Estado nacional”.