Las renovadas discusiones sobre asuntos acuciantes para el futuro de la nación y las provincias no son distintas a las ya planteadas y debatidas hasta el cansancio en las últimas décadas. De hecho, el momento de crisis que vive el país se parece a otros anteriores, aunque es de esperar que la clase dirigente reaccione de una vez y cambie los resultados, para que todo no siga siendo parecido a lo mismo de siempre.

La grave situación socioeconómica es una nueva oportunidad que tiene la política argentina de poner a la Nación toda en el marco de un acuerdo que se intentó demasiadas veces y se frustró por la mala fe de sus signatarios.

El pasado reciente -y el no tan reciente también- muestra que el gobierno nacional y las provincias han acordado reiteradamente pactos fiscales, sistemas de coparticipación y hasta regímenes de excepción impulsados por todos y cada uno con la secreta convicción de que ya se les ocurriría como incumplirlo. Lo que, indefectiblemente, ha venido pasando hasta el presente.

En cada caso se invocó la “emergencia económica”, la “urgencia social” o ambas al mismo tiempo. Y la verdad es que el estado de la Argentina sigue siendo el mismo, puntos más o menos de pobreza, de desocupación o de deuda. Pero en tantas ocasiones hemos estado “en el infierno” o “al borde del abismo”, que muchos políticos parecieran creer que el país es indestructible.

Esto se nota cada vez que las provincias y la Nación, independientemente del signo partidario que gobierne de uno y otro lado, comparten la vieja y argentina costumbre de arrojar la basura en el patio del vecino.

Se da, entonces, una doble circunstancia negativa: por un lado, un poder central concentrador de recursos y generalmente discriminador a la hora de distribuirlos, y por otro, mandatarios provinciales que exigen dejar de pagar entre todos las comodidades de porteños y bonaerenses en materia de transporte, energía y agua, sin atender a los números de la pobreza de la provincia más grande y poblada del país (que son los más elevados), y algunos sin poder explicar, a su vez, en qué gastan lo que reciben. Se trata del viejo juego de esconder bajo las ventajas ajenas el registro de la propia ineficiencia, en un país donde ninguno se atiene a las reglas, que parecieran establecerse al solo efecto de ser burladas.

Mientras la Nación se ha caracterizado por favorecer o negar obras de infraestructura según el color político de los gobernantes provinciales y municipales, muchos de éstos suelen invertir en proyectos injustificados, innecesarios o faltos de planificación, mientras escatiman recursos en salud y educación.

La historia nos recuerda también la transferencia de servicios de una órbita a otra para no seguir solventándolos y el desmadre del sistema previsional, plagado de regímenes especiales, privilegios y unas pocas pero irritantes jugosas jubilaciones logradas a costa de un déficit generalizado.

Mientras siga repitiendo errores, la Argentina continuará mirando de frente al vacío. Los hombres y mujeres de Estado deben ser capaces de comprender que a los derechos se contraponen siempre obligaciones.