El futuro de las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Río 2016 está en suspenso tras la publicación de un fallo judicial que ordenó cerrarlas, a menos que se presentara en un plazo de 48 horas certificados que garantizaran su funcionamiento seguro.

El juez, Eugenio Rosa de Araújo, acató un pedido formulado en octubre por la Fiscalía de Rio. Explicó que emitió la orden “para preservar la seguridad de la población” y recordó que en esas instalaciones, especialmente en el Parque Olímpico del residencial barrio Barra de Tijuca (oeste), se organizan “shows y festivales que reciben a miles de personas”.

“Este escenario, compuesto por locales castigados por la falta de vigilancia y por la presencia de millares de personas, puede resultar en tragedias”, escribió en su fallo.

La alcaldía de esta ciudad brasileña, no obstante, adelantó que apelaría la decisión.

El fiscal Leandro Mitidieri explicó este jueves que en realidad esas instalaciones siempre funcionaron con licencias provisorias, renovadas periódicamente desde 2016. “No hay una licencia definitiva. ¿Hasta cuándo seguiremos con licencias provisorias?”, se preguntó en una conferencia de prensa.

En otro pasaje de su alocución, Miditiori agregó: “Tenemos que combatir esta cultura de que podemos hacer diques o centros de entrenamiento que funcionen de manera precaria, con licencias temporarias, y cuando sucede una tragedia empezar a ver cuál fue el error”.

El fiscal hacía referencia a tragedias recientes que tuvieron lugar en el país, tales como el derrumbe en enero pasado de un dique minero en Brumadinho (el estado de Minas Gerais, sudeste), que dejó 270 muertos, y el incendio en febrero de alojamientos prefabricados del centro de entrenamientos del club carioca Flamengo, en Rio, en el que murieron 10 jóvenes jugadores.

El fiscal apuntó la existencia de “1.500 vicios” en las instalaciones olímpicas. Entre ellas destacó las “filtraciones de agua en la cancha central de tenis” y los problemas en el techo del autódromo, “que debía ser de material ignífugo pero que se reveló muy inflamable”, con dos incendios en su haber.

Según la Fiscalía, la disolución en junio pasado de la Autoridad de Governanza del Legado Olímpico (AGLO), “contribuyó al estado de abandono de los locales, con robos de equipamientos y cables eléctricos”.

Las instalaciones construidas para los Juegos de Rio, los primeros celebrados en Sudamérica, fueron muy criticadas por la abundancia de recursos que le destinaron las autoridades -unos 12.500 millones de dólares- y por los millonarios casos de corrupción destapados en torno a ellos.

La orden de cierre concierne en particular el Parque Olímpico de Barra de Tijuca, un barrio pudiente de la zona oeste de Rio, que alberga los estadios de varios deportes, ací como el centro de tenis y el velódromo.

Afecta también la región de Deodoro, un barrio popular a 40 km de la Copacabana, donde se disputaron las competiciones de equitación, rugby, hockey sobre césped y canoa kayak.

El caso de Río, no obstante, no es aislado. En el pasado ya han causado estupor también el estado de abandono en el que quedaron las instalaciones de eventos deportivos de gran magnitud, tales como los Juegos Olímpicos de Atenas y Beijing (en 2004 y 2008, respectivamente), poco tiempo después de su finalización.