La causa por la supuesta implementación de un subsidio clandestino para desocupados a través de punteros de Juntos por el Cambio en plena campaña electoral quedó, por decisión de la jueza federal María Servini, a cargo del fiscal Jorge Di Lello, quien había acusado formalmente a varios exfuncionarios de Mauricio Macri.

El abogado William Dardo Caraballo, quien denunció este mecanismo para supuestamente reclutar a desempleados y llevar adelante la tarea de fiscalización para Juntos por el Cambio el 27 de octubre pasado, sostuvo que se violó el artículo 139 bis del Código Electoral Nacional con una “evidente compra de votos instrumentado a través del Ministerio de Trabajo y Producción de la Nación y otros organismos nacionales”.

Por la denuncia de Caraballo, quedaron acusados formalmente Dante Sica y Ricardo Buryaile (exministros de Producción y Trabajo, y de Agroindustria, respectivamente); el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba; la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate; el delegado de ANSES Diego Herrera, y el concejal Miguel Montoya.

Caraballo celebró la noticia de que Di Lello sea quien impulse el expediente: “El fiscal está comprometido con la denuncia, con las pruebas, los informes, sabe lo que hay cotejar”.

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