La integración escolar es un propósito noble pero que presenta dificultades en el camino. En el país, el proceso integrador arrancó hace más de 20 años, pero aun hoy muchas escuelas enfrentan obstáculos permanentes.

Por momentos, la educación de estudiantes con discapacidad ingresa en controversias difíciles de zanjar; algunas, alentadas por padres que no aceptan que sus hijos/as “normales” compartan el aula con niños o niñas con ciertas discapacidades, y otras, motorizadas por el propio sistema, que no termina de brindar las herramientas imprescindibles para un correcto empalme.

Esta situación amerita soluciones en el marco de los necesarios consensos y en bien de evitar medidas que puedan ser objetadas por discriminatorias. Se trata de dirimir dificultades respecto de la accesibilidad de los alumnos con discapacidad intelectual a las escuelas comunes, sin traba alguna y atentos a las necesidades que se requieran de la enseñanza especial.

Las normativas vigentes, tanto del orden nacional como provinciales, deberían ser sopesadas por las autoridades y por la comunidad educativa en su conjunto, para, en los casos que resulte necesario, ajustarlas a los preceptos plasmados en las convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La Fundación Síndrome de Down para su Apoyo e Integración (Fusdai) advirtió hace un tiempo que suelen presentarse contradicciones legales, ya que algunos ministerios de Educación provinciales han emitido en su oportunidad resoluciones “discriminatorias y anticonstitucionales”.

Se ha criticado con especial énfasis, por ejemplo, aquellas disposiciones que plantean que los alumnos/as con necesidades educativas especiales podrán ser integrados en las escuelas comunes, pero regirse por la currícula de la modalidad especial.

Según la referida entidad, el Consejo Federal de Educación aprobó en 2016 una resolución sustentada “en un espíritu menos restrictivo y más inclusivo” que el imperante en determinadas jurisdicciones. La pregunta que algunos se hacen es por qué razón esos estados provinciales demoran la adhesión a la normativa nacional, cuando lo que está en juego es la integración escolar. El interrogante pone en tela de juicio particularmente a sectores educativos que podrían sentirse perjudicados por las innovaciones en la materia.

Vale recordar empero que, por jurisprudencia ya existente, los colegios privados también están obligados a regirse por la reglamentación nacional, que determina claramente la prohibición de “rechazar la inscripción de un estudiante por motivos de discapacidad”.

Muchas escuelas de gestión privada suscribieron las actas acuerdo de integración atento a lo resuelto en su momento en el Consejo Federal, pero otras se oponen a hacerlo, en algunos casos por presión de padres que rechazan ese tipo de integración.

Si hasta ahora no ha habido consenso en algo tan sensible, urge que lo haya. Los díscolos deben entender que se trata de una misión irrenunciable: potenciar el derecho a educarse en la diversidad, sin obstáculos ni intereses sectoriales en pugna.