El presidente Alberto Fernández ordenó poner “bajo revisión permanente” el listado de unas 429 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro a quienes les impidieron ingresar al país durante el gobierno de Mauricio Macri, y desde ahora se evaluará cada caso en particular en el momento de que estos funcionarios venezolanos quieran entrar a la Argentina.

Así, el Gobierno resolvió, por una resolución interna de la Cancillería, cuestionar en forma permanente el listado que “unilateralmente, y basado en una posición ideológica determinada de política exterior”, definió Macri en abierta posición contrapuesta al régimen de Maduro y en línea con Washington. Pero, al menos por ahora, no se dará de baja todo ese listado para evitar que la Argentina quede en un enfrentamiento directo con Estados Unidos por apañar a los funcionarios de Maduro en su libre circulación por el país.

De esta manera, la resolución del canciller Felipe Solá permitirá al Gobierno mantener la “tercera posición” que viene esgrimiendo Alberto Fernández respecto de Venezuela. Es decir: cuestiona algunos comportamientos del régimen venezolano y avala otros. Así, el Gobierno seguirá reconociendo a Maduro como presidente, pese a las críticas que le hacen por la violación de las libertades individuales y la persecución de opositores.

En adelante, además de la revisión del listado de funcionarios de Maduro vedados por el gobierno anterior, se mantendrá inalterable la nómina de 29 personas impedidas de ingresar al país que se fijó por el Tratado Interamericano de Asistencia recíproca (TIAR).

“Debemos entender que el tema de Venezuela tiene que abordarse en su conjunto desde un punto de vista humanitario, hay 4 millones de venezolanos que emigraron y al mismo tiempo no podemos limitar el tema al sesgo ideológico que impuso Macri”, reveló a Infobae un encumbrado funcionario del Gobierno

La decisión del canciller se tomó luego de que ingresara al país Stella Lugo, amiga personal de Nicolás Maduro, que está acusada de facilitar operaciones de lavado de narcotraficantes caribeños, tenía prohibida la entrada al país por un decreto de Macri y asegura que es la embajadora de Venezuela en la Argentina.

En este caso, desde la Cancillería aclararon que la misma resolución de Solá hizo una aclaración para aceptar el ingreso de Lugo, aunque el Gobierno no la reconoce como embajadora de Venezuela. Aseguran que entró con pasaporte de “turista” y que la Argentina sólo mantendrá relaciones con el actual encargado de Negocios de Maduro, Valero Núñez. De todas maneras, Lugo asiste cotidianamente a la sede de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires y ostenta un cargo que no tiene o que al menos no está sustentado en los papeles y acreditado por el gobierno de Alberto Fernández. Pero desde la Casa Rosada dijeron que no harán nada por expulsar a la enviada de Maduro de la Argentina.

En el futuro inmediato, cada uno de los 429 funcionarios alineados con el régimen de Maduro que figuren en el listado será revisado en forma permanente. Llegado el caso, y “atento a eventuales objeciones internacionales, se impedirá o no que ingresen al país”, aclararon en el Gobierno.

La Argentina suscribió el año pasado al acuerdo del TIAR para que 29 funcionarios directamente vinculados con Maduro no puedan ingresar a ninguno de los países firmantes. Este listado no será revisado bajo ningún aspecto por el gobierno de Alberto Fernández ya que esto generaría un conflicto diplomático con todos los países que integran el TIAR.

En forma posterior a ese listado del TIAR, el 10 de enero de 2019, el gobierno de Macri firmó un decreto para impedir el ingreso al país de 96 funcionarios chavistas; el 22 de marzo agregó 326 funcionarios más de Venezuela, muchos de los cuales pertenecen a la Asamblea Legislativa impuesta por Maduro, y finalmente el 16 de agosto se sumaron otros siete funcionarios . En total, restando a los que ya estaban en la nómina del TIAR quedaron unos 429 funcionarios que hoy están en el listado que se pondrá bajo “revisión permanente” por el gobierno de Fernández.

La llamada “tercera posición” del Gobierno en política exterior ante el caso venezolano implicó, por ejemplo, el cuestionamiento severo a la decisión de las milicias chavistas de impedir que el opositor a Maduro, Juan Guaidó, pueda jurar como presidente de la Asamblea Nacional. Pero, al mismo tiempo, el gobierno argentino no reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela y le quitó las cartas credenciales a la embajadora antichavista Elisa Trotta en la Argentina.