La confirmación -en Salta- del deceso de tres menores de edad por desnutrición echa por tierra las afirmaciones de quienes sostienen que en la Argentina hay pobreza y necesidades sociales urgentes, “pero la gente no se muere de hambre”.

La persistencia de altos niveles de miseria en el país ha llevado a una desnutrición infantil cuasi crónica en muchas zonas. Obviamente que para llegarse a este extremo fue necesaria la ceguera de varios gobiernos ante un problema que, salvo excepciones, no fue ni prevenido ni atendido de manera oportuna.

El mal se extiende, sobre todo, en el norte, donde ciertas provincias presentan índices alarmantes, y no sólo entre su población infantil. Los especialistas que siguen esta cuestión advierten la existencia de un número inquietante de menores de 14 años con daños neurológicos, además de muchas embarazadas desnutridas.

Si bien la amplia mayoría de las personas no padece más que una desnutrición leve, lo cierto es que si no se implementan las medidas médico-asistenciales necesarias, muchos casos terminan agravándose hasta la muerte.

Consciente de esta triste y dolorosa realidad, el Gobierno nacional lanzó el Plan contra el Hambre, que entre otras cosas, prevé la distribución de decenas de miles de tarjetas alimentarias para los sectores más carenciados. Además, urgido por los recientes casos fatales en territorio salteño, anunció que se trabajará con módulos alimentarios y se proveerá agua envasada a los asentamientos aborígenes en situación más delicada.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reconoció que existe “un problema de agua, salud y alimentos en comunidades que están olvidadas y que requieren un acompañamiento fuerte”.

La emergencia social demanda, efectivamente, reforzar las tareas asistenciales y combatir con todos los instrumentos y herramientas sanitarias el flagelo del hambre. Debe disponerse la atención prioritaria de los afectados por la desnutrición y que las embarazadas críticas reciban leche fortificada, entre otros sustentos básicos.

Urge que, a partir de estos pasos, se extienda el número de beneficiarios y, a la vez, que se incremente la eficacia de la ayuda. Esto último es fundamental, pues si en algo ha venido fallando el Estado argentino es en la implementación de las políticas sociales, que se llevan buena parte de los presupuestos pero no logran disminuir la pobreza.

Son numerosos los pueblos del interior donde los niveles de pobreza, indigencia y desocupación hacen que la mayoría de sus habitantes viva de la asistencia social. Sin embargo, en muchos casos, las necesidades alimentarias no son debidamente cubiertas. Es prioritario que en estos lugares se refuerce con medidas adicionales la prevención de la desnutrición.

La lucha contra el hambre tiene una urgencia indiscutible y demanda los mayores esfuerzos de las autoridades y también de la sociedad civil, ya que sólo con el compromiso de los miembros y organizaciones de la comunidad será factible aumentar la transparencia y efectividad necesarias para erradicar este flagelo que nos avergüenza como país.