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Malgasto

Una columna de opinión de Benjamín Fernández Bogado


La palabra es bastante cortés y delicada para describir lo que claramente se llama corrupción. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer en la semana un informe del malgasto público latinoamericano que se mide hoy en 220 mil millones de dólares anuales. Sí, leyó bien. 220 billones desperdiciados en malas contrataciones, compras viciosas de bienes y servicios, y salarios para un personal supernumerario ocioso y corrupto en muchos casos. Esa cifra es tres veces mayor que el plan Marshall que reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que si los gobiernos fueran más eficaces acabarían con la pobreza extrema de la subregión. Lo peor de todo esto es que a nadie le interesa el impacto que tiene en todos los órdenes de la vida ciudadana un despilfarro de este volumen. El malgasto de los recursos económicos está devorando el presupuesto de nuestros países y es un monstruo que acabará con la democracia.

No es sostenible este régimen político con un sector público rodeado de semejante incompetencia liderado de lejos por una Argentina que destina una cifra impresionante a todo lo que rodea al malgasto de los recursos. Desde los subsidios a personas que no deberían ser sujetas de tales ayudas hasta los grandes casos de corrupción que rodean a las obras públicas. Este reporte lo reproduce el banco que es el mayor prestatario para la región y cuyos recursos salen de los mismos países cuestionados y críticos. En una palabra, el directorio del banco le está diciendo a los accionistas que por este camino vamos todos al despeñadero. La afirmación que en cualquier país del mundo debería haber encendido todas las luces de alarma, entre nosotros pasará desapercibida en este tiempo de vacaciones estivales donde las preocupaciones son otras y la población está adormilada y abstraída. El carnaval del malgasto público claramente no está en el calendario de partidos políticos y menos de quienes la gerencian, porque es desde ahí donde se financian y justifican. Los niveles de transparencia y de responsabilidad están ausentes en una subregión desbordada por los escándalos de corrupción, falta de servicios elementales y déficits acumulados en educación, salud y obras de inversión viales. El problema de América Latina es la absoluta irresponsabilidad de sus gobiernos, a quienes no importa el malgasto y menos tienen conciencia del impacto que eso tiene sobre la democracia.

Las cifras son alarmantes, pero no inmutan y menos sirven para que alguien se escandalice de estas cifras. No somos pobres como se repite machaconamente, somos malgastadores de recursos que podrían, bien administrados, hacer una sensible diferencia entre las condiciones actuales y a lo que se aspira en democracia. Los niveles de dispendio son altísimos, los mecanismos de mejoramiento de gestión, pobrísimos, y el resultado es una democracia de baja calidad que solo reproduce pobreza, inequidad y violencia. Si tan solo tuviéramos la idea de reducir el malgasto del sector público a la mitad, una gran parte de nuestros problemas estaría resuelto. Hay que tener voluntad para entender el mensaje. El BID pega el grito al cielo quizás más por codicia que por responsabilidad, aunque implícitamente ruegue que por misericordia algo hagan los gobiernos para reducir el malgasto de los recursos públicos.



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