En nueve días habrá cambio de autoridades a nivel nacional y también en varias provincias y numerosos municipios del país, junto con la renovación parcial de los respectivos parlamentos. Momento propicio para reflexionar sobre la necesidad de que la articulación público-privada en la Argentina deje de ser una declamación y cobre el vigor que permita definir un nuevo contrato social para el desarrollo sustentable de nuestras comunidades.
Si se detiene a analizar las expresiones de muchos empresarios y funcionarios en distintos foros, todas aluden al vínculo entre un gobierno (local, provincial, nacional) y las empresas, y entonces los ejes discursivos suelen abundar en tópicos como la regulación estatal, el intervencionismo en la economía, la competitividad.
Pero cuando se entiende que lo público no es sólo lo público-estatal, sino también la capacidad de trascender lo particular que tiene la sociedad civil organizada, la articulación público-privada es uno de los tantos modos de nominar el viejo anhelo del encuentro entre la tríada Estado, sociedad civil y mercado.
Para algunos, la búsqueda genérica de acercar propuestas compartidas se basa en la invocación del bien común, que genera la mayor legitimidad social; pero en las últimas décadas, de la mano de la toma de conciencia sobre las urgencias globales originadas por el cambio climático, el patrón de consumo desenfrenado, los modelos basados en explotación de materias primas y el crecimiento demográfico, entre otros factores, este horizonte cooperativo intersectorial se ha ido enfocando de una manera más definida como desarrollo sustentable.
El desarrollo sustentable es una responsabilidad compartida entre diferentes sectores de la sociedad, a fin de hacer converger, de una manera positiva, la actividad productiva, el desarrollo social y el impacto ambiental en pos de una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones. Impecable definición; sin embargo es difícil encontrar auténticos ejemplos fructíferos de articulaciones nacidas bajo este imperativo político.
De ahí la necesidad de que el Estado vaya incorporando autoridades ejecutivas, legisladores, jueces y funcionarios en general especialmente atentos a asegurar que sus decisiones contemplan inclusión social con cuidado ambiental; y que, del otro lado, aparezcan empresarios capaces de modificar su paradigma de rentabilidad económica excluyente por otro que dé un lugar legítimo a los beneficios sociales y ambientales que se logran, y dirigentes sociales dispuestos a intervenir no partiendo del reclamo, sino de la comprensión de las otras lógicas en juego, para llegar a plantear como una vía posible la tantas veces declamada incidencia en políticas públicas.
Así se podrán diseñar redes colaborativas que pongan en valor lo público y ayuden a superar la llamada “tragedia de los bienes comunes”, donde prevalece la competencia egoísta y el sálvese quien pueda. La idea central es aunar esfuerzos, para que posibles negocios de unos pocos dejen lugar a valiosos bienes públicos para todos.