Desde que el Hospital Neuropsiquiátrico de Formosa -que nunca llegó a funcionar como tal- se convirtiera en Hospital de la Madre y el Niño hace 43 años, mucha agua corrió bajo el puente de la salud mental en la Argentina y el mundo.

Por entonces, los llamados “manicomios” eran todavía comunes en el país. Hasta que un replanteo sobre el abordaje de la salud mental desembocó en el proceso de desmanicomialización en las instituciones específicas de todas las provincias. Un tema que hasta hoy mantiene abiertos ciertos interrogantes.

Sin poner en duda el razonable criterio que el paso del tiempo ha impuesto en cuestiones de salud mental a nivel mundial, es válido preguntarse cómo se está manejando el asunto en la Argentina y cuánto ha avanzado hasta ahora cada jurisdicción en este proceso, que, vale aclarar, está en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la materia.

La razón principal del cambio de criterio está fuera de toda discusión, pues resulta imposible no coincidir con ella: que los hospicios dejen de ser depósitos de padecientes exiliados de la sociedad y de sus núcleos familiares y que se abra un espacio de integración.

Ahora bien, no todos los casos son de igual magnitud y gravedad y ni las más voluntariosas familias están en condiciones de coexistir con personas que presentan serias dificultades aun para los profesionales más preparados.

Entre las preguntas que este diario se hace a esta altura del proceso de desmanicomialización, hay una que es central: ¿cuáles son actualmente los criterios de asistencia para que los responsables del enfermo cuenten con el respaldo necesario para afrontar una convivencia que sólo en el mejor de los casos resulta difícil?

También es válido el siguiente planteo: ¿qué infraestructura eficiente responde hoy para el cuidado ambulatorio de los afectados, para que toda la arquitectura de la experiencia no se convierta en una nueva situación de abandono por parte del Estado de una obligación que, en muchos casos, se pretende transferir a los particulares?

Sería muy triste concluir que las buenas intenciones proclamadas al comienzo terminaron en una simple reducción de costos que bien podría suponer menos espacios de atención y menos profesionales.

La atención de la salud mental tiene aristas propias muy sensibles. No es cuestión únicamente de la adecuación edilicia y operativa de las instituciones preexistentes, sino también de un proceso educativo que debería abarcar a toda una sociedad, que aún adeuda materias en su diario trato con los seres diferentes.

Es imprescindible, además, el respaldo a las familias de por sí agobiadas por la carga que representa un enfermo que, con frecuencia, no puede valerse por sí mismo.

Estas cosas no se remedian con normativas nuevas. La mejor teoría, como en este caso, no soporta el choque con la realidad si no ha sido llevada eficazmente a la práctica. De ahí las dudas sobre un proceso integrador que prometió un trato más humano con los enfermos mentales pero cuyos resultados no son expuestos con suficiente claridad por las autoridades competentes.