La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) sigue intentando hacerle llegar al presidente electo Alberto Fernández un plan con el que intentan reactivar la industria que viene sufriendo la recesión económica, la falta de crédito, la escasez de licitaciones públicas y el impacto de la causa de los cuadernos.

Luego de un tenso almuerzo en donde la cúpula de la entidad empresaria recibió a Sergio Massa, los empresarios del sector perdieron todo tipo de contacto con posibles funcionarios del próximo gobierno hasta esta semana donde nuevamente lograron reunirse con dos hombres del círculo de Fernández.

Así fue que la comisión directiva de Camarco le llevó a Martín Redrado y Miguel Peirano el plan anunciado hace unas semanas atrás en donde reclamaban que se declare al sector en emergencia y en la ejecución de contratos de obra pública y que se disponga “de forma urgente” el pago de todo crédito a favor del contratista, la “neutralización de los contratos” sin multas, la “liquidación de las redeterminaciones de precios” y la “revisión de los precios” de los contratos.

En ese contexto es que los empresarios también piden suspender las ejecuciones y los embargos que lleva adelante la AFIP, y permitir la compensación de deuda impositiva con créditos del Estado Nacional, implementando un sistema equilibrado, que considere la fecha de mora en la obligación y la fecha en que el Estado debió cancelar la deuda.

Pero, mientras discuten lo que el Estado les adeuda, la preocupación del sector privado es cómo revertir la situación de crisis que hizo que el sector perdieron 10.000 puestos de trabajo y está a las puertas de una nueva ola de despidos.

Es por eso que le presentaron a Redrado y a Peirano un proyecto estructurado en la puesta en marcha de un plan de viviendas sociales. Más específicamente, un plan para desarrollar 10.000 viviendas con un costo de 80.000 millones de pesos. “Del costo total, las provincias deberían aporta el 30% y lo que lograrías es generar de manera inmediata 30.000 puestos de trabajo directo y otros 40.000 indirectos”, explicó uno de los empresarios que participó del armado de la propuesta.