Todo servicio público esencial está asociado con la responsabilidad que tienen los diferentes niveles del Estado de satisfacer de manera regular, continua y confiable necesidades de interés general, siempre tomando en cuenta al usuario demandante como ciudadano.

Los “tarifazos” de los últimos años, englobados en una política de supuesto “sinceramiento”, no solamente hicieron estragos en la economía doméstica, sino que complicaron las de por sí complejas relaciones tributarias entre distintas instancias estatales.

Nadie puede ignorar los resultados desastrosos de la cultura tarifaria (congelamiento) que se practicó entre 2003 y 2015, que, entre otras cosas condujo a un virtual colapso energético. Pero tampoco es posible pasar por alto el brutal “descongelamiento” posterior, pretendiendo “sincerar” en un par de años una mentira de más de una década.

Al cabo de ambas sinrazones se advierte que la gestión política, con independencia del signo partidario, viene postergando indefinidamente acuerdos y coincidencias básicas que aseguren al pueblo argentino superar el atraso existente en la penosa calidad de vida de millones de personas.

La lectura es simple y contundente: cuando un gran porcentaje de la población no dispone de servicios públicos esenciales con tarifas justas y razonables en materia de agua potable, de electricidad, de gas (ni hablar de provincias que no cuentan con abastecimiento por red), etc., lo que resulta es un ataque al bien común; fin, límite y responsabilidad de todo Estado, poder y funcionario.

Una agenda política más humana debería contemplar, obviamente, la lucha contra el hambre, la inflación, el déficit fiscal, etc., pero también la recuperación, de manera gradual y paulatina, de matrices energéticas que permitan llegar con los servicios esenciales hasta los rincones más pobres.

Los últimos gobiernos democráticos aún no supieron forjar relaciones más efectivas y dinámicas en pro de vincular a las economías regionales y a las pequeñas y medianas empresas de todo el país, con oportunidades, innovaciones, recursos y servicios disponibles, en pos de recuperar una movilidad social ascendente.

El principal desafío del nuevo gobierno será ir por un desarrollo humano federal, por un país en el que no haya hijos y entenados. No sólo por ese tercio largo de compatriotas empobrecidos, sino por el futuro del país que son sus próximas generaciones.

Por ahora, en nada ayudaron recurrentes desinteligencias entre Nación, provincias y municipios en materia de impuestos, tasas, tarifas y facturaciones sobre usos y consumos de electricidad, de agua potable, etc. Por ejemplo, las imprevisibles e irrazonables cargas tarifarias que se impusieron hasta el año pasado violaron el Acuerdo para un Nuevo Federalismo suscripto entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores.

Resulta a todas luces un despropósito haber embestido contra los usuarios mientras se estaba recuperando masa coparticipable. Por eso, de aquí en más, las tarifas deberían ser justas y razonables, tanto como las tasas, impuestos y contribuciones.