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“Cebolla” estatal


Las designaciones y nombramientos de último momento en el Estado son moneda corriente cada vez que un sector político pierde el poder. Son situaciones que se vienen dando desde el advenimiento de la democracia en todos los niveles de gobierno y que han contribuido a engrosar las filas de empleados públicos mucho más allá de lo necesario. Por eso suele compararse a la planta de personal estatal con una cebolla: cada gestión que termina le deja una nueva capa.

El tema es objeto de críticas recurrentes, y también de debates acerca de la necesidad de que sea obligatorio realizar concursos para incorporar personal a la administración pública y a todo organismo dependiente del Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

Se trata de un paso insistentemente reclamado por distintos sectores de la sociedad en las últimas décadas. Desde que se hizo evidente que los partidos gobernantes se esfuerzan por reacomodar a mucha de su gente en el Estado antes de entregar el poder, varios centros de estudios, numerosos analistas y hasta dirigentes de distintas extracciones comenzaron a proponer esta fórmula de los concursos.

Sin embargo, más allá de reiteradas promesas de campaña que quedaron sólo en palabras, la realidad es que desde 1983 el Estado -la Nación, pero también las provincias y los municipios de todo el país- fue poblándose de empleados que ingresaban “a dedo” a planta permanente o con contrato temporario, como se dice vulgarmente. Cada administración política fue insertando a sus militantes o retribuyendo con cargos públicos sus más diversos compromisos.

El resultado está a la vista: un exceso de empleados en muchos organismos y oficinas públicas, más de los que serían necesarios para un funcionamiento racional y eficiente, y además, en algunos casos, personal poco o nada capacitado para las tareas específicas que debe desempeñar.

Nunca es inoportuno volver sobre el tema, como nunca será tarde estudiar la posibilidad de legislar al respecto. Algunas provincias ya lo han hecho y están en camino de normalizar la situación. Lo que deben entender oficialistas y opositores, aquí, allá o más allá, es que ya no tienen excusas para incrementar antojadizamente la cantidad de agentes públicos. Demasiadas capas ya tiene la paquidérmica “cebolla” estatal.

Si bien es cierto que varios intentos de poner fin a este desmadre fracasaron en los últimos años, también es verdad que algunas jurisdicciones hicieron mejor los deberes que otras, por ejemplo, respetando -aunque más no sea a medias- las leyes de responsabilidad fiscal o decidiendo por voluntad propia no aumentar sus planteles.

Pero el problema no se soluciona con excepciones. Unas pocas golondrinas no hacen verano. El tema debe ser visto como parte de una nueva trama legal que busque impedir los déficits en las cuentas públicas en general.

En los años ochenta, en muchos casos, el empleo público fue considerado una suerte de “subsidio al desempleo”. Pero lo que se esperaba fuera una solución transitoria se convirtió en un arraigado vicio político que desalentó la creación de trabajo genuino.



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