Formosa participó de la Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de Vivienda, que reunió a representantes de los Institutos de Viviendas provinciales y la Secretaría de Vivienda de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El administrador del IPV, Marcelo Ugelli, mencionó que la reunión fue para realizar un balance de cierre de gestión, ya que es una administración que culmina el 10 de diciembre, y se mostró esperanzado con la nueva gestión puesto que permitirá mejorar los programas habitacionales y se recuperarán recursos de las obras abandonadas por el Gobierno.

Además, mencionó que se avanzaron en algunos puntos, pero que se han retrocedido en muchos, sobre todo en la política habitacional enmarcada en la Resolución 122 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, donde se establecieron nuevas disposiciones en relación a los planes nacionales de viviendas que se financian desde la esfera federal.

Una de estas nuevas disposiciones es la creación de un Sistema de Gestión de Beneficiarios, el cual establece como condicionamiento para los postulantes de viviendas no superar un ingreso familiar máximo: un tope de dos salarios mínimos, vitales y móviles, que hoy estaría rondando un estimado de $ 25.000; el otro punto de retroceso es la quita de recursos para la construcción de viviendas a las familias de pueblos originarios.

Escenario actual

Sobre la situación actual, el funcionario local mencionó que las concepciones del gobierno saliente marcan una política de retroceso en el plano habitacional. De esta manera, agregó que “Formosa ha participado en los Consejos de las Viviendas, donde se observó que Nación ha planteado posiciones unilaterales, como la estratificación de la demanda cuyo objetivo es dejar en el tercio inferior a lo que tiene que ver con las viviendas social y promover los sistemas UVI y UVA, por ejemplo, que resultaron ser un fracaso, por no tener un contexto económico equilibrado”.

En este sentido, opinó que con el nuevo gobierno los administradores de Institutos Provinciales de las Viviendas del país se encuentran esperanzados debido al modelo político que representa: “Hoy se han desarticulado programas como la vivienda social, que esperamos se retome con una participación más federal desde el 10 de diciembre”.

En Formosa, como en todas las provincias del país, existe una crisis habitacional, debido a la quita de recursos del gobierno, lo que, expresó, se evidencia en “la imposibilidad de haber concluido las miles de viviendas que dejó en ejecución el Gobierno anterior, ya que no fue una prioridad para el actual generar políticas y mecanismos de recomposición de precios”.

En este sentido, el funcionario local mencionó que “la Unidad de Vivienda (UVI), que significó un beneficio para el ahorrista, se creó como un instrumento de ahorro protegido de la inflación, pero no sirve para los contratos viejos, que son los que tienen todas las provincias”.

Políticas poco claras

“Las políticas del Gobierno no son claras. Hay todo un sistema de imposiciones nuevas que atentaron contra el desarrollo de la vivienda social, como sustanciar una contraparte del 33% por las provincias”, expresó. “Esto significa que si la provincia quiere edificar una vivienda, y gestiona con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, debe poner el 33 por ciento para que Nación recién comience a ejecutar el gasto”, agregó Uguelli.

Detalló que en cuatro años en Formosa, se notó la recesión en construcción de viviendas por esta quita de recursos que el Gobierno nacional realizó en las provincias: “Por el lado de la vivienda social, se ha avanzado el 15 por ciento una obra de 632 viviendas, que originalmente estaban proyectadas por 1.310. Por el lado de los créditos hipotecarios, aseguró que existen viviendas en el plan ProCreAr que no pueden ser adjudicadas porque nadie cumple con los requisitos para gestionarlas”.

Por último, se mostró optimista por el Gobierno nacional a asumir, ya que “las políticas que vienen van a tener el espíritu de la justicia social que jerarquicen las instituciones que este gobierno desprestigió”.