Uno de los delitos más flagrantes que desde hace años se cometen en la Argentina y en Formosa en particular son los cortes de ruta, ante la pasividad de las autoridades, Justicia Federal mediante en el caso de caminos bajo órbita nacional.
Esta profunda desviación del sentido de la ley ha sido puesta nuevamente de manifiesto en los últimos tiempos en varios puntos de nuestra provincia, siendo sin lugar a dudas el Acceso Norte -a la altura del barrio Namqom- el más crítico.
Los ya tristemente famosos piquetes de calles y rutas nacieron en el país con el estallido social de fines de 2001, y desde entonces no han hecho otra cosa que multiplicarse merced, por un lado, a la tolerancia de distintos gobiernos, pero sobre todo gracias al aprecio que por ellos desarrollaron algunos sectores políticos.
Por este último motivo fue que de la inacción inicial se pasó a la cooptación de los piqueteros como mano de obra al servicio de grupos con poder. Obreros, campesinos, aborígenes, desempleados, estudiantes y hasta importantes productores rurales protagonizaron innumerables cortes de rutas en estas dos décadas, todos ellos atribuyéndose derechos por encima del resto de la ciudadanía.
Durante los años del kirchnerismo esta medida de protesta se potenció en sectores populares, aunque no debe olvidarse que dirigentes hoy vinculados al macrismo, como Alfredo de Angelis, fueron piezas clave de piquetes paradigmáticos, tales los casos del alzamiento de Gualeguaychú contra las pastera uruguaya de Fray Bentos y los reclamos del campo contra la Resolución 125.
Es cierto que ningún gobierno hasta aquí defendió explícitamente los métodos piqueteriles, pero al mismo tiempo es verdad que ninguno los enfrentó con la ley en la mano. Y esa tolerancia no tuvo por destinatarios solamente a los pobres; también las clases medias y medias altas se vieron favorecidas por la inacción del Estado cuando salieron a cortar rutas. Muchos piquetes fueron usados políticamente y otros, promovidos desde sindicatos para atemorizar o extorsionar a empresas.
Si algo debe cambiar en la Argentina a partir del 10 de diciembre próximo es la postura de la clase política y de la Justicia frente a este mal hábito que actúa como cebo para la protesta social o de cualquier otra índole. Los gobiernos deben dejar de mirar si un piquete les conviene o les resulta políticamente adverso. Ya no es tiempo de especulaciones partidarias; es tiempo de hacer valer la ley y de establecer medidas para que nadie más corte rutas.
Ni por izquierda ni por derecha. Ni pobres ni ricos. Ni por obra de piqueteros de un signo o de otro. La ley se hizo para cumplirla siempre y debe ser aplicada a todos por igual. No se trata de desatender los reclamos ciudadanos o de criminalizar la protesta social; al contrario, hoy más que nunca quienes gobiernan deben estar con un oído en el pueblo.
Las autoridades públicas ya no deberían dejar que los problemas avancen hasta el punto de conflicto donde todo se desmadra y se violan las normas y las formas institucionales. La caótica experiencia de estos casi veinte años debe llamarnos a todos a la reflexión.