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PENSIONES

Denuncian que desde Nación sigue enviando intimaciones a personas con discapacidad

Gialluca reveló que “documentadamente ya hemos rechazado más de 3.000 intimaciones practicadas por el Gobierno nacional en la provincia”


La Defensoría del Pueblo de la Provincia advirtió ayer que la nueva modalidad para garantizar la continuidad del beneficio de las pensiones por discapacidad “genera fuerte preocupación, tanto de parte de los beneficiarios como de los profesionales de la salud que deben emitir el Certificado Médico Obligatorio Digital”.

La Agencia Nacional de Discapacidad estableció en los últimos tiempos que los certificados médicos, expedidos desde los hospitales, deberán ser digitales. Es decir, ya no tendrán validez aquellos que se realicen a mano y se presenten en formato papel. Los pensionados tienen solamente 60 días para concretar el trámite, una vez recibida la carta documento que los intima, explicó el organismo provincial.

En este sentido, la Defensoría dijo que “los hospitales y los médicos no tienen idea de cómo hacer el CMO Digital, pues nadie los ha capacitado para este trámite, y en los pueblos pequeños ni siquiera hay conexiones a las redes y lo más grotesco de toda esta situación es que hay personas con piernas amputadas o no videntes a las que la Agencia Nacional de Discapacidad les pide que actualicen su condición médica para no perder la pensión”.

Ante esta situación, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, y a fin de que no se suspendan estos beneficios, se sigue impugnando “todas y cada una de las intimaciones de la ANDIS, quienes arremeten posteriormente con otras nuevas intimaciones, dirigiendo capciosamente a los beneficiarios tanto al Hospital Central de nuestra ciudad, como a los hospitales públicos de San Martín Dos, Villa General Güemes y el Centro de Salud -El Progreso- de la localidad de Palo Santo”.

El ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, informó que “documentadamente ya hemos rechazado más de 3.000 intimaciones practicadas por el Gobierno nacional a beneficiarios de pensiones por invalidez que residen en nuestra ciudad y en el interior provincial”.

El funcionario señaló que esta medida unilateral e inconsulta de la Agencia Nacional de Discapacidad pretende suspender el cobro a los pensionados por invalidez, lo cual en el actual contexto de crisis económica y social que se vive “es algo realmente lamentable, dado que institucionalmente, nosotros no defendemos el otorgamiento de pensiones otorgadas irregularmente, pero una cosa muy distinta es lo que pretende el Gobierno nacional a través de la ANDIS, que no es ni más ni menos que desconocer derechos adquiridos de personas con discapacidad”.



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