El aumento de los niveles de pobreza e indigencia en la Argentina que informó de manera reciente el Instituto Nacional de Estadística y Censos significa una oportunidad para reflexionar acerca del modo en el cual se organiza la transferencia de recursos del Estado, que presenta llamativas inequidades.
El INDEC publicó información sobre la distribución del ingreso entre los hogares urbanos al segundo trimestre del 2019, que desagrega el origen de los ingresos de las familias. En lo referente a este tema, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) detalló que en el total de los hogares urbanos en la Argentina, el 74% de los ingresos son de fuente laboral y el 26% restante son de fuentes no laborales, cifra que esconde “grandes diferencias” entre segmentos sociales.
También, se puntualizó que entre las familias de menores ingresos, sólo el 46% de los ingresos son de fuente laboral mientras que el 54% restante proviene de fuentes no laborales. En contraposición, en el 30% de los hogares de mayores ingresos, que son los de clase media, aparece que el 80% de sus ingresos proviene de fuente laboral mientras que sólo el 20% viene de fuente no laboral.
A su vez, el IDESA aclaró que los pobres “no viven de las transferencias que reciben por los impuestos que paga la clase media”; y especificó que desagregando el total de ingresos no laborales entre estratos socioeconómicos, aparece que el 21% son apropiados por el 30% de los hogares de menores ingresos; el 37% es recibido por aquellas familias que se ubican en el 40% de ingresos intermedios; y el 42% va a aquellos grupos familiares que están entre el 30% de mayores ingresos.
Estos datos demuestran que si bien los hogares pobres son más dependientes de los ingresos no laborales -ya que la mitad de sus ingresos viene de esta fuente-, no son quienes más recursos reciben por esta vía. Del total de ingresos no laborales que reciben las familias, sólo un quinto va hacia los hogares de bajos ingresos, mientras que el doble de esa proporción va en favor de los hogares de altos ingresos.
Cabe recordar que el principal componente de las transferencias del Estado y, por lo tanto, de los ingresos no laborales, son las jubilaciones y pensiones. Dentro del gasto previsional, una parte importante se genera por los regímenes especiales de jubilación -también llamados “regímenes de privilegio”-, que pagan haberes muy superiores a los del régimen general y la doble cobertura previsional que superpone beneficios de jubilación y pensión. Estos fondos públicos van mayoritariamente en favor de los estratos socioeconómicos medios y altos. En contrapartida, las transferencias asistenciales -como la AUH- son de magnitudes bajas en comparación con el gasto previsional.
Por lo tanto, una de las tantas metas que deberá perseguir aquella administración nacional que asuma el próximo 10 de diciembre es modificar las inequidades existentes en lo referente a transferencias de recursos, analizando qué opciones pueden implementarse para regímenes previsionales que, además de resultar desproporcionadamente altos, ponen en crisis el sostenimiento de los recursos públicos e incrementan la desigualdad social.