Uno de los aspectos en los cuales se notan los efectos de la crisis económica actual es el nivel de desocupación, que hace algunos meses volvió a tener dos dígitos en la Argentina y amenaza con crecer aún más en los próximos meses si no se aplican cambios en el rumbo económico. Además, la juventud sigue siendo uno de los sectores más perjudicados por la falta de empleo, y que debería ser destinatario de políticas públicas específicas por parte del Estado.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de desempleo de la Argentina aumentó a un nivel de 10,6% en el segundo trimestre de 2019, contra un 9,6% anotado en igual período del año previo. Pero el INDEC también reveló otros aspectos preocupantes de la realidad actual.

Por un lado, se supo que cada vez más personas buscan trabajo. En un año, aumentó en 2,3 puntos porcentuales la cantidad de personas que a pesar de tener un empleo, busca otro para sumar un ingreso extra. Por ello, la presión sobre el mercado laboral aumentó cuatro puntos en un año.

Por otra parte, hace 12 meses que el salario promedio en el sector registrado, que suele superar al del sector informal, pierde poder adquisitivo frente a la inflación en la comparación interanual, según los datos del Ministerio de Trabajo y Producción; y el acceso a un empleo formal hoy no garantiza que una persona no caiga en la pobreza. Por este motivo, la política económica actual se convirtió en uno de los esquemas que generó pobreza con mayor amplitud y rapidez en la historia argentina.

A su vez, la mayoría de los analistas económicos coinciden en afirmar que la situación no mejorará durante el resto del año y que incluso se mantendría durante el 2020. En este contexto, resultará difícil que el panorama actual del mercado de trabajo cambie de manera significativa, y lo más probable es que se agrave, generando consecuencias mayores a las que se pueden precisar en este momento.

Sumado a esto, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) indicó que en el país la tasa de desempleo de los adultos es del 8%, mientras que para los juveniles es de 27%. Por ello, la entidad propone que el Estado construya un sistema de transición de la educación al trabajo. Esto abarcaría a un conjunto de instituciones educativas y laborales que mejoren el tránsito de los jóvenes al empleo, como política de mediano y largo plazo que permita a la juventud acceder a una mejor formación para el trabajo en el Nivel Secundario y luego efectuar pasantías en diferentes empresas para poder adaptarse y luego ingresar con mayor facilidad en el mundo laboral.

No obstante, esta idea deberá ser analizada por las autoridades que asuman el próximo 10 de diciembre, para estudiar en qué momento puede aplicarse esa modalidad. Cualquier política de este tipo requiere un contexto de mayor estabilidad económica y altos niveles de inversión productiva.

Por lo expuesto, y luego de poner en marcha un plan que logre estabilizar la economía, las autoridades que asuman en diciembre deberán revisar las políticas educativas y laborales. Esto implica iniciar diálogos multisectoriales para estudiar alternativas tendientes a mejorar la capacitación y la inserción laboral de jóvenes y de personas de otras edades, respetando derechos pero también articulando los mecanismos necesarios para acercar a cada persona a la empleabilidad.