A la reciente aprobación de la Emergencia Alimentaria en el Congreso de la Nación hay que sumar los pedidos de declaración de la emergencia por parte de otros sectores. Más allá de la factibilidad de dar cumplimiento a esas solicitudes, esta realidad demuestra que la Argentina se encuentra en una situación llamativamente peor que la de diciembre de 2015, y que se requieren medidas eficaces para atender los requerimientos de los diversos actores sociales en un país que atraviesa numerosas urgencias simultáneas.
Al reciente reclamo y posterior aprobación en el Congreso de la declaración de emergencia alimentaria, con el fin de asegurar la alimentación de la población considerada más vulnerable y fortalecer la asistencia a merenderos y comedores comunitarios, se sumaron otros pedidos de diferentes sectores sociales que atraviesan diversas crisis a raíz de las políticas económicas aplicadas en los últimos tres años y nueve meses.
Por un lado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó a las autoridades nacionales declarar la “emergencia PyME”, y en este marco aplicar una serie de decisiones tendientes a atender los problemas de las pequeñas y medianas empresas del país y evitar el cierre de fuentes laborales. En este marco, se solicitaron un conjunto de medidas que se relacionan con mejorar el acceso al crédito y reducir las cargas impositivas y los costos de los servicios públicos.
A su vez, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) se solicitó que el Gobierno nacional declare la “emergencia laboral”, para establecer que las pequeñas y medianas empresas del país puedan contratar sin pagar cargas sociales “por dos o tres años”, y lograr un refuerzo del seguro del desempleo.
Sumado a esto, se conoció que en el Congreso se presentó un proyecto de ley para declarar la “emergencia farmacológica” y de esa manera “congelar” los precios finales de los medicamentos por 180 días. Esta iniciativa es avalada por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.
Por lo expuesto, resulta innegable que la conjunción de varios pedidos de declaración de emergencia para diferentes sectores no es producto de la casualidad, sino la consecuencia de un modelo de país que no tuvo en cuenta las problemáticas de los diferentes sectores económicos y sociales, y con efectos que todavía no llegaron a su punto máximo, que podría observarse a fin de año o en el transcurso de 2020; y no se observan señales que indiquen que la actual administración tenga voluntad de aplicar cambios reales en sus políticas.
Entonces, se necesita que la administración que asuma el próximo 10 de diciembre trabaje para paliar la situación de cada sector y cerrar un amplio acuerdo económico y social, que permita modificar el actual modelo de país y avanzar hacia un esquema productivo, orientado a la “economía real” y a buscar inversiones que no sean especulativas. El objetivo general debería ser la promoción del desarrollo de la Argentina sin descuidar la problemática de cada rubro y efectuando las intervenciones estatales que sean necesarias para fomentar tanto la equidad como la sustentabilidad.