Mientras se discuten aumentos salariales, o se otorgan bonos de circunstancia que ayuden a paliar la pavorosa pérdida de poder adquisitivo de los salarios en el último año, un sector cada vez más grande de la población argentina económicamente activa permanece ajeno a cualquier tipo de recomposición, sufriendo mucho peor que el resto los efectos inflacionarios y recesivos, así como el aumento del desempleo formal: los trabajadores en negro.

Una discusión de larga data en el país es aquella que discurre acerca del modo de reducir el déficit fiscal; discusión que ha tenido matices violentos y que da pábulo a enfrentamientos mediáticos y cuestionados acuerdos que, lejos de acercar a la sociedad, la mantienen dividida.

En su momento, el convulsionado debate sobre el recálculo previsional se mostró de manera sobreactuada como la mayor calamidad o la mejor solución para el eterno y agravado problema de los jubilados. La forma de plantear diferencias -dentro y fuera del Congreso de la Nación- en nada ayudó a mejorar la imagen argentina en el mundo. Mundo que no va a invertir en un país que nunca logra superar sus contradicciones.

Pero detrás del desbarajuste que es hoy la Argentina se esconde, entre otras graves problemáticas, la realidad descripta al comienzo: el empleo en negro. El Instituto Nacional de Estadística y Censos lo presenta en toda su dimensión; sin embargo, el tema sigue sin ser encarado de manera conjunta y eficiente por empresarios, sindicalistas y gobernantes.

La tasa de trabajo no registrado tiene picos que se sostienen altos, ya sea en épocas de crecimiento o de recesión; prueba de que, en muchas actividades, la informalidad es parte de la cultura argentina. Se trata, sin embargo, de un desarreglo que ocasiona enormes perjuicios.

Afecta de manera notable no sólo a los millones de personas que se encuentran en dicha condición sino también a los jubilados; a los empresarios que cumplen con la ley (por la competencia desleal); a los trabajadores legalizados (porque quita ingresos a sus obras sociales); y al Estado mismo, que otorga subsidios y planes y atención gratuita en materia de salud a supuestos desocupados que, en realidad, son trabajadores informales.

Muchos especialistas plantean una disyuntiva a la hora de debatir el recorte del déficit fiscal: aumentar impuestos o recortar gastos. Pocos son los que proponen encarar una profunda lucha contra la evasión previsional. O contra la evasión impositiva, que numerosos y diversos sectores de la actividad económica practican todos los días con la complicidad de ciudadanos no habituados a pedir las facturas correspondientes a sus consumos.

La economía informal mueve oscuras fortunas, y algunos tienen la audacia de justificarla diciendo que si no se evade habría más cierres de negocios de los que hay y se perderían muchas más fuentes de trabajo de las que ya se pierden. Lo que debe contraponerse a este discurso es que la lucha responsable contra el trabajo en negro y la evasión impositiva ampliaría la base contributiva de manera sustentable y haría más fácil el equilibrio de las cuentas públicas.